Un pacto que contamina

Tal y como están ahora las cosas, con una fragmentación política grande y una polarización entre los bloques de derecha e izquierda de igual tamaño, si el PP quisiera gobernar en España después de las próximas elecciones generales tendría que hacerlo con Vox. En el supuesto, claro, de que, ante la previsible desaparición de Ciudadanos, la suma de los dos partidos de la derecha, la moderada y la extrema, llegue a los 176 escaños de la mayoría absoluta. Y eso lo sabe bien el moderado Alberto Núñez Feijóo, líder ‘in pectore’ del PP. Por eso, el todavía presidente de Galicia intenta minimizar la trascendencia del pacto de Gobierno de su partido con Vox en Castilla y León mientras, al mismo tiempo, trata de sacudirse cualquier responsabilidad en la consecución de esa alianza con la ultraderecha.

Lo más fácil para Feijóo ha sido echarle al PSOE la culpa de ese acuerdo que blanquea y legitima al partido de Santiago Abascal, un proceso de normalización que necesitan por si algún día tienen que coaligarse para llegar a la Moncloa. Cierto que los socialistas podrían haberse abstenido en la investidura de Fernández Mañueco, pero para llegar a eso PP y PSOE tendrían que haberse sentado a negociar en serio. En serio. No en el cuarto de hora que duró la reunión entre el aspirante a repetir como presidente castellano-leonés y Luis Tudanca, el líder socialista en aquella comunidad. Tendrían que haberse visto Pedro Sánchez y Pablo Casado o Núñez Feijóo, o los tres, para estudiar si realmente estaban dispuestos a hacer un ‘cordón democrático’ que impidiera a Vox incorporarse a los gobiernos. Pero no solo al de Valladolid. No se hizo.

A los socialistas ya les va bien así para atacar al PP por pactar con un partido que niega la violencia de género, es antifeminista, antieuropeo, homófobo, xenófobo y contrario al Estado de las Autonomías y tratar así de recolectar votos en el centro. Pero es que el PP no puede aislar a Vox salvo que renuncie, de momento, a gobernar en España (y en las autonomías y ayuntamientos donde recibe el apoyo externo de la ultraderecha). Las primeras repercusiones del pacto de Valladolid se verán en otoño en Andalucía.

Feijóo, que quiere conservar su imagen centrada, sabe que ese pacto le contamina. Por eso se escuda en que el acuerdo lo hizo Mañueco en el ejercicio autónomo de sus competencias, en que había sido autorizado por Casado, que aún es formalmente el presidente de partido, y en que él no tiene todavía responsabilidades nacionales y solo llevaba un día de candidato a la presidencia del PP cuando todo ocurrió. Cuesta creer que el pacto de Gobierno con Vox se hiciera sin el conocimiento (consentimiento) del gallego, pero él, en sus declaraciones, ha ido repartiendo culpas: al PSOE, por no abstenerse, a Mañueco, por no ser capaz de tejer más alternativas, y a Casado por consentirlo. Casado, sin embargo, les contó a sus colegas europeos, que entendieron el acuerdo como una “claudicación”, que por él no se hubiera hecho. Nadie se quiere manchar, pero todos quedan pringados.

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