De alentar el abuso sexual a entrenar en primera división femenina

El artículo 14 de la Constitución proclama el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Al mismo tiempo, la Ley de Igualdad exige a los poderes públicos implementar las medidas necesarias para erradicar la violencia de género y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Asimismo, establece la “perspectiva de género” como pauta general de actuación de todos los poderes públicos, a fin de superarla mera igualdad formal y dar paso a una igualdad efectiva. Ahora bien, ¿los poderes públicos están cumpliendo con estas obligaciones? Veamos un ejemplo.

En enero de 2022 el Rayo Vallecano anunciaba la contratación del nuevo entrenador del equipo femenino de futbol. Se trataba de un técnico recién destituido de otra entidad al difundirse un audio en el que ensalzaba el abuso sexual grupal, animando a sus colaboradores a “que cojamos a una”, emulando a los jugadores “del Arandina”, refiriéndose al mediático caso en el que varios jugadores fueron condenados por abusar de una menor. Es de Perogrullo que un equipo de fútbol femenino dirigido por alguien que aplaude un abuso sexual grupal puede generar tensión psicológica a sus integrantes.

Ante estas evidencias, el sindicato FUTPRO -formado por mujeres futbolistas para defender los derechos de las jugadoras- interpuso denuncia ante Inspección de Trabajo, aduciendo incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

No obstante, la respuesta de Inspección de Trabajo ha sido, simple y llanamente, decepcionante (y la perspectiva de género de los Poderes Públicos ha brillado por su ausencia). En lugar de investigar para constatar los incumplimientos y, en definitiva, sancionar al club, se ha limitado a invitar al club a negociar un plan de igualdad.

Llegados a este punto, conviene recordar que el 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2021-2023' señala que la actuación de la Inspección de Trabajo en su conjunto debe incorporar la perspectiva de género. Asimismo, nos dice que la seguridad y salud laboral debe tener un papel protagonista en la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en cuanto servicio público encargado de la vigilancia y control de las normas del orden social, instrumento fundamental para garantizar los derechos laborales.

Parece evidente que el Rayo Vallecano ha cometido varios incumplimientos graves (más aún si los analizamos desde el prisma de género), por lo que Inspección debería haber actuado con mayor firmeza (o como mínimo haber actuado). Por un lado, la ley de prevención de riesgos laborales obliga a las empresas (y a los clubes deportivos) a realizar una investigación y a adoptar medidas preventivas cuando estas conozcan o sospechen que un factor psicosocial en el trabajo (como la ansiedad o el estrés) puede ocasionar daños a la salud. En este caso, es obvio que existen dichos riesgos psicosociales dado que las propias jugadoras del Rayo Vallecano han emitido un comunicado público, alarmadas y preocupadas por la situación. 

Por otro lado, la realización de comentarios obscenos o de bromas sexuales en el trabajo son ejemplos de acoso sexual ambiental, cuya consecuencia directa es que se genera un ambiente laboral negativo e insalubre. 

Nos preguntamos a qué mujer le resultaría indiferente que su 'jefe' hiciera apología de los abusos sexuales. Si bien los poderes públicos son quienes deberían llevar la iniciativa a la hora de adoptar medidas para velar por la igualdad de género y luchar contra todas las formas de acoso sexual, vemos que sigue quedando un largo camino por recorrer.

Entidades como el sindicato FUTPRO - fundado e integrado exclusivamente por mujeres -, son absolutamente necesarias para luchar y garantizar el cumplimiento real y efectivo (no meramente formal) del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres.

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