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El demérito del emérito

El archivo de la investigación debe servir de estímulo para abordar de una vez la reforma legislativa que dote más transparencia y acote la inviolabilidad de la monarquía

El rey emérito Juan Carlos I, saludando, en una imagen de archivo.

El rey emérito Juan Carlos I, saludando, en una imagen de archivo. / LEGAN P. MACE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Después de muchos meses anunciándolo, la fiscalía decidió finalmente archivar las dos investigaciones que tenía abiertas sobre el rey emérito, Juan Carlos I. Puede parecer una buena noticia para la monarquía, para el actual Rey y para una figura clave de la Transición como es su padre. Pero la lectura de los escritos de archivo es escalofriante. Les han faltado a los fiscales indicios de criminalidad en algunos casos, especialmente para probar la conexión entre algunos ingresos en cuentas vinculadas de una u otra manera a Juan Carlos y el pago de comisiones por contratos como el del AVE a La Meca. Pero, al mismo tiempo, han quedado acreditados ingresos en esos instrumentos fiscalmente opacos procedentes de diversas monarquías de los emiratos y el pago de gastos vinculados con la examante del rey emérito. Igualmente, la fiscalía describe posibles delitos de fraude a la hacienda pública, cohecho y blanqueo de capitales. Y no los investiga porque han prescrito o porque corresponden a periodos en los que aún gozaba de la inviolabilidad con la que la Constitución protege al jefe del Estado en el correcto ejercicio de su cargo que no a la persona que lo ostenta por sus conductas individuales. Esta descripción de los hechos no corresponde ni a rumores periodísticos, ni a insidias de expolicías buscando amparo a sus fechorías, ni a la venganza de una amante despechada. Corresponde a un escrito de la institución encargada de velar por la legalidad en España.

Los monárquicos aparentemente más sólidos respiran aliviados por este archivo de la investigación. Se equivocan. A ojos de la ciudadanía es un cierre en falso que confirma las peores sospechas que se pudieran tener sobre el tipo de vida que tenía Juan Carlos I mientras ocupó el trono de España. Una vida que, sin necesidad de ser delictiva, que no hay ninguna seguridad de que no lo fuera, es, como mínimo, poco digna del cargo que ocupó y desde el que hizo innegables servicios a la democracia y a la convivencia. Pero los ingresos procedentes de otros jefes de Estado son, como mínimo, un problema de seguridad nacional en la medida de que pudieran influir en sus decisiones y acciones como máximo representante institucional de España. La utilización de instrumentos fiscales opacos por parte de la persona en nombre de la cual se imparte justicia en España es simplemente una inmoralidad, además de un manto de impunidad para todos aquellos que le cortejaban de muy diversas maneras. Mención aparte merecería el hecho de realizar pagos a una persona vinculada al cobro internacional de comisiones como es el caso de Corinna. El panorama no podría ser más desalentador para quienes se levantan cada día en este país para trabajar, pagar sus impuestos y convivir en paz. 

Ante este desaguisado, el rey Felipe no tiene más remedio que ahondar en lo que ha hecho hasta ahora: distanciarse personal e institucionalmente del personaje, que sigue siendo su padre; incrementar la transparencia en la gestión de la Casa Real y de su economía personal; y apoyar todas las reformas legislativas que puedan abordar el Gobierno y las Cortes Generales para recuperar el prestigio de la institución y para acotar la inviolabilidad al espíritu de la Constitución, que no la concibió como un carnet de impunidad. Pedro Sánchez ha anunciado diversas veces que tenía el propósito de abordar estos cambios, pero siempre encuentra excusas para aplazarlo. Este archivo es un estímulo para darse prisa y, además, una oportunidad de poner a prueba el talante de Alberto Núñez Feijóo cuando sea de facto el jefe de la oposición. Lo contrario acabará por provocar que los deméritos del emérito lo sean de la monarquía como institución.