Silencios y verdades en la Iglesia

En unas pocas semanas, y a raíz de la denuncia de un personaje público como el escritor Alejandro Palomas (que venía a sumarse a otras voces que con anterioridad ya habían relatado casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, como el caso Maristas, destapado por EL PERIODICO), se ha acelerado la demanda social en relación a la actitud no solo de individuos determinados, sino de la propia institución a lo largo de las últimas décadas. Hace unos días el Gobierno presentó la propuesta de una comisión de investigación, liderada por el Defensor del Pueblo, para indagar en el asunto, una noticia que no sentó nada bien en el seno de la Conferencia Episcopal Española (CEE), reacia a esta iniciativa, que calificó de «sorpresa y decepción». La Iglesia española, sin embargo, se ha visto impelida a reaccionar para hacer frente a la presión mediática y ha decidido impulsar una auditoría comandada por el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo, con el objetivo de «transparencia, ayuda y reparación a la víctimas», como ha declarado el presidente de la CEE, el arzobispo de Barcelona Juan José Omella. El directivo de la firma de abogados, Javier Cremades, miembro del Opus Dei, ha dicho también que afronta este trabajo «sin ninguna frontera ni límite». Conviene valorar positivamente el paso dado por la Iglesia católica, si bien es preciso destacar que tal decisión llega con retraso, sin contar con la unanimidad de los obispos y con dudas razonables sobre la necesaria intensidad que ha de tener una iniciativa como esta.

Uno de los hombres de confianza del papa Francisco, el jesuita alemán Hans Zollner, refiriéndose a la reacción de la institución eclesial en general ya advirtió que «sin la presencia mediática la Iglesia no se habría movido», y recordó que en las comisiones de investigación «independencia significa que no haya interferencias». Benedicto XVI, con claroscuros en su etapa de arzobispo de Múnich, fue el primero que intentó cambiar el rumbo cuando ya se habían destapado muchos casos, y no es hasta la entronización del papa Francisco que la pederastia y los abusos sexuales se han convertido en un tema capital. Sin embargo, a pesar del impulso del Vaticano, la reacción de las distintas conferencias episcopales ha sido diversa. Mientras que en los países anglosajones, del norte de Europa o de Oceanía, ya hace años que se han puesto al descubierto las prácticas delictivas, en otros, como en España o Italia, la reacción o bien ha sido prácticamente nula o bien tardía. El reciente caso de Francia, con la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia, promovida por el episcopado y las órdenes religiosas, es un ejemplo de cómo la institución debe actuar. Que la Iglesia francesa haya decidido utilizar sus bienes para indemnizar a las víctimas de pederastia apunta a un detalle fundamental: no basta con pedir perdón, sino que también hay que reparar el daño, así como tomar decisiones para que no se repita en el futuro.

Sería de desear que la auditoría encargada por la CEE fuera igual de sólida como la francesa, algo que está por comprobar, vistas las reticencias expresadas por la cúpula episcopal, con dudas sobre el alcance de un informe previsto para dentro de un año que debería incidir en el conjunto del colectivo eclesial, órdenes incluidas. En cualquier caso, más allá de la verdad, la reflexión y el perdón, conviene reclamar el propósito de enmienda y, por supuesto, la intervención en última instancia del Código Penal.