Un calendario escolar a debate

El ‘conseller’ d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, puso ayer sobre la mesa del Consell Escolar de Catalunya, que reúne a los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, la propuesta de avanzar el inicio del curso escolar al 5 de septiembre en infantil y primaria y el 7 de septiembre en secundaria. Y parece improbable que llegue a replantearse : frente a la convocatoria de una huelga de cinco días con el nuevo calendario como detonante, González Cambray ha desestimado la alternativa de someterlo a una moratoria de un año que se le ha planteado en el Consell Escolar.

Los sindicatos convocantes de la huelga sostienen que el adelanto en una semana del inicio de las clases es solo uno de los motivos de una convocatoria que obedece a una suma de agravios diversos: entre ellos, la desconfianza sobre la promesa del departamento de que los nombramientos de los equipos docentes estarán listos en julio, lo que haría aterrizar a parte de los equipos docentes en los centros dos días antes de empezar las clases, que el adelanto se produzca justo cuando se deben aplicar unos nuevos currículums en secundaria que en este momento aún no han sido aprobados o la exigencia del nivel C2 de catalán. Una serie de desacuerdos abonados por el malestar con muchos componentes ajenos a la bondad o complicaciones del nuevo calendario propuesto, como el desgaste acumulado por la compleja gestión de la pandemia y la incertidumbre provocada por los cambios curriculares, o (en una parte del colectivo, especialmente en secundaria) por su discrepancia con ellos. Aunque todos ellos ya estaban presentes antes de que la propuesta de calendario activase la movilización.

Otra cosa es hasta qué punto las familias comparten el planteamiento de los convocantes de la huelga y si el apoyo por parte de la mayor organización que las representa, la aFFac, refleja realmente un estado de opinión mayoritario. Es bastante razonable concluir que una gran parte de los padres y madres de los alumnos no ven mayor problema (o más bien lo apoyan) en el inicio de la actividad escolar tan pronto como sea posible tras unas vacaciones de verano ligeramente recortadas.

Hay razones de peso para seguir modificando el calendario escolar en el sentido hacia el que apunta lo propuesto para el curso 2022-23. Desde el punto de vista pedagógico, la de reducir progresivamente unas vacaciones estivales que desconectan a los alumnos de la escuela durante demasiado tiempo. Desde el de la igualdad de oportunidades, la evidencia de que son los alumnos que tienen en su entorno familiar menos alternativas (de cuidados, o de acceso a recursos formativos extraacadémicos) a quienes más afecta este hiato. Y también desde el de la conciliación, ya que pese a que se recurra al argumento de que la escuela no es una guardería, también es cierto que contribuir a la compatibilidad de los horarios laborales, familiares y académicos no es una de la que la escuela pueda considerarse ajena.

Hay complicaciones. Pero deberían ser superables si la agilidad (para muchos sorprendente) con que se han gestionado los nombramientos de sustitutos durante la pandemia se hace efectiva también para disponer con tiempo de las plantillas para el próximo curso, si se cumple la promesa de complementar la jornada intensiva durante todo el mes de septiembre con actividades extraescolares financiadas por Educació o si son realistas las exigencias de implementación de los nuevos currículums (cuyo calendario, vistas las posiciones actuales, es más previsible que sea el que Educació esté dispuesto a flexibilizar). Los profesores están evidentemente en su perfecto derecho de mantener la convocatoria de huelga. Pero al convertir en el caballo de batalla central de su propuesta el adelanto de las clases en septiembre corren el peligro de desconectarse de los intereses de una parte significativa de la comunidad educativa.