Obras y elecciones en Barcelona

A muy poco más de un año de las próximas elecciones municipales, Barcelona se dispone a abrir en canal varios ejes neurálgicos de la ciudad y a aplicar en ellos, sin las provisionalidades que han sido habituales durante los tiempos pandémicos, los criterios urbanísticos del equipo de Gobierno de la alcaldesa Ada Colau. El 7 de marzo empezarán las obras del tranvía por la Diagonal, en junio la reducción drástica de la calzada transitable del paseo Pi i Margall y la tranformación de Consell de Cent en unos de los ejes verdes de la Superilla del Eixample, en marzo la pacificación de la rugiente Via Laietana y a lo largo de este año, el primer tramo del lavado de cara a la Rambla. En todos los casos, ampliación del espacio verde disponible para el peatón y reducción del puesto a disposición del tráfico rodado. 

El debate está sobre la mesa sobre cuál será el rendimiento en términos de habitabilidad y de atracción comercial de cada una de estas intervenciones, consideradas aisladamente. A pesar de los reparos, las experiencias de casos anteriores indican que han acostumbrado a ser positivas. Otra cosa es saber si la política de ir intercalando por la ciudad espacios de coto vedado al coche y la moto acaba disuadiendo de su uso o no hace más que redirigir, desviar y concentrar los efectos negativos de la circulación rodada, sin disminuir su impacto global sobre la ciudad. Aquí las respuestas admiten muchos más matices y exigen mucho más contraste con la realidad que apriorismos ideológicos. Y, en el caso específico de la Superilla del Eixample, hacer un ejercicio de diálogo, hasta ahora muy insuficiente, con los socios de Gobierno y los comerciantes afectados, con disposición a adaptar los aspectos que sean necesarios del proyecto inicial.

Al margen de la política urbana expresada en estas intervenciones y la valoración que merezca, el efecto más inmediato que experimentará el ciudadano es el de ver el centro de la ciudad puesto patas arriba durante el próximo año. Con todo lo que conlleva de molestias irritantes, de sensación de que la Administración que está a punto de poner en manos de los ciudadanos su continuidad interviene de forma activa en su transformación y, finalmente, de oportunas inauguraciones. Costes y beneficios que un Gobierno municipal siempre decide administrar enel tiempo. Es prácticamente una ley física (alterada solo ligeramente en esta ocasión por la pandemia) que en un mandato municipal de cuatro años, el tercero está marcado por las primeras piedras y el cuarto por las inauguraciones en su tramo final. Algo que tiene más de una explicación, desde la lógica temporal de la planificación, aprobación y ejecución de proyectos (especialmente ardua en un Gobierno municipal con mayorías complicadas) hasta el más tradicional e inveterado cálculo electoralista.    

Los 'comuns' llegaron al Ayuntamiento de Barcelona (como sus socios de Podemos al Gobierno de España) con la consigna de acabar con las viejas formas de hacer política. Y es tan cierto que han aportado nuevos puntos de vista y acentuado el compromiso de los gobiernos de izquierdas en que han participado por determinadas políticas sociales como que han acabado asumiendo no pocas prácticas asociadas a aquellas viejas formas de hacer. Sea por inercias del funcionamiento de las instituciones y prácticas a veces viciadas difícilmente separables del ejercicio del poder, sea porque no había alternativa razonable a aquello que se veía de una manera desde la calle o la academia y de otra cuando se asumen responsabilidades. Y eso es cierto tanto en algo tan habitual como la programación plurianual de las inversiones como puede serlo en otras prácticas que nunca pueden dejar de estar bajo la luz de la transparencia y el ejercicio de la autocrítica.