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Editorial
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Editorial
La guerra del PP engorda a Vox
Nadie, ni siquiera Sánchez, debería considerarse beneficiado por una crisis que alimenta a una opción política que supone una amenaza para la democracia
El PP ha entrado de lleno en una descarnada guerra fratricida de consecuencias imprevisibles y casi con seguridad aciagas. La ruptura de hostilidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el presidente del partido, Pablo Casado, retransmitida en directo para toda España, solo puede fragilizar aún más al principal partido de la oposición y, por lo tanto, regalarle bazas a la extrema derecha, que, como se demostró el pasado domingo en Castilla y León, se va día a día consolidando como la principal amenaza a la hegemonía de los populares en la derecha española. De hecho, la contienda interna del PP estalló solo cuatro días después de esas elecciones, auspiciadas por Casado para reforzarse frente a Ayuso. Pero el resultado no fue el esperado. Los populares castellano-leoneses ganaron por la mínima y han quedado en manos de Vox. Ahora están en un atolladero. Un oportunamente templado José María Aznar ya les advirtió el miércoles en el Círculo Ecuestre de la inconveniencia de gobernar con la ultraderecha.
Del percance electoral, el líder del PP salió debilitado mientras la presidenta madrileña se creció. Ahora, Ayuso y la dirección nacional, por boca del secretario general, Teodoro García Egea, se han cruzado acusaciones de una virulencia sin precedentes. Desde Génova se vierten insinuaciones de corrupción por un contrato de la Comunidad de Madrid en el que el hermano de Ayuso habría cobrado comisiones, y esta, que admitió ese cobro, acusó a Casado de promover una campaña despiada para destruirla. Así las cosas, la situación en este momento es que la dirección ha abierto un expediente a la presidenta madrileña, que, aunque es pronto para saberlo, podría acabar con su expulsión del partido, y estudia acciones legales contra ella por verter ataques «casi delictivos» contra Casado.
La espoleta fue la información, avanzada por algunos medios en la noche del miércoles, de que el PP, desde el Ayuntamiento de Madrid, habría contratado detectives para espiar a Ayuso. Tanto Génova como el alcalde lo desmienten, pero Ángel Carromero, coordinador de la Alcaldía, amigo de Casado y de Martínez-Almeida y que sería quien contrató a los detectives, tuvo que presentar este jueves su dimisión. El PP madrileño tiene una larga historia de espionajes. Desde la llamada «gestapillo», cuando desde el Gobierno de Aguirre se espió a personas de la confianza del alcalde Ruiz-Gallardón, a la grabación guardada del robo de las cremas por Cristina Cifuentes, o al caso Kitchen, ahora en los tribunales y que afecta al PP estatal.
Es la falta de recato en la pelea interna la que más daño reputacional puede hacer al PP, cuyos militantes y votantes siguen atónitos los acontecimientos. Pero la impudicia de esta batalla intestina en el primer partido de la oposición perjudica también al conjunto de la política española, porque aleja a los ciudadanos de partidos e instituciones, y puede contribuir a minar el prestigio del país fuera de nuestras fronteras. Especialmente, porque si la dirección del PP tenía conocimiento de irregularidades debería haberlas llevado a la Fiscalía y no utilizarlas para chantajear a quien pretende disputarles el liderazgo. La pelea ha llegado tan lejos que no se vislumbra tregua posible. Mientras, el PP queda malherido y Pedro Sánchez, sin rival en la derecha, ve despejada su continuidad en la Moncloa. Pero quien más se puede beneficiar de esta desdichada situación es Vox, que seguirá creciendo a costa de la crisis de los populares, lo que entraña un grave riesgo para la democracia española.
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