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Aulas sin móviles ni filosofía

Miles de docentes protestan contra la propuesta del currículum de secundaria: nos estamos jugando que la educación obligatoria contemple espacios para pensar, explorar las propias verdades y límites de la ignorancia

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Aula de bachillerato en un instituto barcelonés.

Aula de bachillerato en un instituto barcelonés. / Ferran Nadeu

Escribo estas líneas con perplejidad, tras ver qué espacio deja el borrador del currículum de secundaria al espíritu crítico. La propuesta del Departament d'Educació elimina la optativa de filosofía de 4º de la ESO y reduce a una hora semanal la asignatura de valores éticos cívicos. Me encantaría pensar que dejan de ser necesarias porque se han convertido en objetivos transversales, porque todas las áreas de conocimiento abordarán la capacidad de razonamiento, de cuestionar, cultivar la curiosidad o fomentar la creatividad. ¿Te imaginas? Qué revolución alinearse con las habilidades que hace años se identificaron como fundamentales para la ciudadanía del siglo XXI.

Miles de docentes en Catalunya han mostrado su desacuerdo con la propuesta, con campaña de recogida de firmas en Change.org (que ya ha superado su objetivo de 7.500). Es una especie de 'déjà vu': ya lo vimos Madrid hace dos meses, cuando se conoció que la 'ley Celaá' elimina la filosofía de la educación secundaria obligatoria, en forma de manifestaciones y casi 50.000 firmas. Ambas campañas piden que se mantenga y se refuerce la asignatura en las etapas obligatorias. Lo que nos estamos jugando no son las sillas de 'profes de filo', sino que la educación obligatoria contemple espacios para pensar, cuestionar, explorar las propias verdades, creencias y límites de la ignorancia. Sin esto es imposible convivir en contextos democráticos y construir sociedades más justas e inclusivas.  

El borrador incluye también asignaturas nuevas como la de digitalización, también alineada con las novedades de la Lomloe. Dado el contexto altamente digitalizado en el que vivimos, es una buena noticia –siempre y cuando no se entienda la digitalización como un espacio donde forjar CEO de 17 años con ideas locas, capaces de inventar aplicaciones cazainversiones multimillonarias–. Si se usa, en cambio, para comprender cómo las herramientas digitales nos afectan en el día a día o cómo podemos ponerlas al servicio de los retos que tenemos como sociedad, sin duda será disruptivo.  

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Ahora bien, la realidad es testaruda porque mientras añadimos asignaturas que suenan a futuro, no tenemos resuelto el presente: ¿qué hacemos con los móviles en los centros educativos? La realidad es variopinta en el Estado español: Galicia, Castilla-La Mancha y Madrid son las únicas comunidades que lo han prohibido abiertamente, tanto en las aulas como en los recreos. Francia marcó ahí un antes y un después, con un rechazo taxativo en todo el país. El resto siguen sin pronunciarse. Catalunya es de las más abiertas al uso pedagógico y controlado de los dispositivos en clase. El Consell Escolar de Catalunya –que reúne a familias, alumnado, docentes, sindicatos y administración– ya emitió en 2015 un informe favorable al uso responsable de dispositivos. El impacto fue relativo, en 2019 la mitad de los centros seguían con prohibiciones. Siete años y una pandemia después, tenemos centros que lo han implantado con éxito y otros que han retrocedido a la casilla de salida.   

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En definitiva, queremos impartir digitalización sin tiempo para la ética y obviando que tenemos un gran elefante en la sala en relación a los móviles y su función pedagógica en los entornos educativos. Si dejamos la alfabetización digital a las familias es que no hemos entendido que muchas se desbordan cuando se trata de acompañarles en la identificación de noticias falsas, evitar el ciberacoso o comprender qué nos sucede a través de las pantallas. Por omisión estamos dejando a millones de adolescentes a merced de lo que las grandes tecnológicas quieran hacer con esta generación. Y cuando nos planteamos algo, no empezamos por revisar qué hábitos digitales les enseñamos (y aplicamos las personas adultas), sino que pasamos directamente al alarmismo mediático, paralizados por la preocupación ante posibles adicciones –una problemática que requiere diagnósticos especializados y tratamientos, y que afortunadamente es una situación minoritaria, si bien grave cuando se da–. Lo que nadie nos cuenta lo suficiente es que una adolescencia en soledad y sin grupos de pertenencia es un factor de riesgo mucho más importante que tener el móvil sobre el pupitre cuando la asignatura lo requiere.  

Por suerte, el periodo de alegaciones está abierto hasta el 18 de febrero. Esperemos que las haya y las incorporen, pero que el debate no quede ahí. Es importante replantear cuánto tiempo tendrán nuestros jóvenes para aprender a pensar en el curso 22-23 y en todos los que sigan. Prohibir puede aplazar el problema, pero jamás educará. Y bastantes muestras tenemos ya de que forjar la ciudadanía digital es urgente.