Esto no es una mesa

Como en el célebre óleo de René Magritte ‘Ceci n’est pas une pipe’ (‘Esto no es una pipa’), que nos alerta sobre el arte de la simulación –lo que vemos no es el objeto, sino su representación–, podemos concluir, en el caso de la mesa del diálogo, que esto no es una mesa. Es un artilugio político con posiciones de fondo distantes, pero que tiene la virtualidad de mantener viva la frágil mayoría parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras tanto, en Catalunya, ERC intenta estabilizar su coalición con JxCat, que no solo rechaza la mesa de diálogo, sino que hace tambalear la mesa del Govern de Pere Aragonès.

No hay plan A ni plan B. El único plan, así en Madrid como en Barcelona, es sortear las adversidades, aguantar el chaparrón, para alargar las legislaturas respectivas y, llegado el caso, cuando cada presidente lo estime oportuno o se vea forzado por los acontecimientos, ejercer su prerrogativa de convocar elecciones anticipadas. El ruido político, con el cruce de declaraciones y el periodismo de alcachofa –la forma de los micrófonos me recuerdan esta hortaliza– que las alimenta, nos distrae de los problemas de fondo. Sí, esto no es una mesa de diálogo por dos razones: el déficit de diálogo en Catalunya y la exigencia apriorística del referéndum de autodeterminación.

La primera razón es fácil de resumir: la parte catalana de la mesa de diálogo no solo no representa al conjunto del Govern –JxCat no se ha sentado en ella y defiende la vía alternativa de la confrontación con el Estado–, sino que no representa tampoco las posiciones del resto de fuerzas políticas catalanas, empezando por el PSC, el primer partido en voto popular en las elecciones del 14-F de 2021. La segunda cuestión –la condición ‘sine qua non’ de volverlo a hacer, es decir, celebrar otro referéndum de autodeterminación como premisa de todo diálogo– es de mayor complejidad porque representa el nudo gordiano de la cuestión; a deshacerlo, voy a dedicar el resto del artículo.

En el plano jurídico, el bloque independentista apela al derecho de libre determinación de los pueblos, reconocido por los tratados de Naciones Unidas, pero olvida que este derecho se dirige solo a los países y pueblos sujetos a dominación colonial, racista o extranjera. Además, se formula en paralelo a la llamada “clausula democrática sobre el gobierno representativo”: no se autoriza acción alguna para quebrantar la integridad territorial de estados democráticos, con gobiernos representativos, en los que el principio de la libre determinación solo es predicable en su sentido de ‘principio democrático’.

Me dirán que esta argumentación jurídica es demasiado alambicada y que se ha visto superada por la realidad. Aceptemos, como hipótesis de trabajo, que el derecho de autodeterminación fuese aplicable a Catalunya, como reclama el independentismo. Sin entrar en un baile de cifras, la realidad es tozuda: tanto la consulta del 9-N de 2014 como el referéndum del 1-O de 2017 y los resultados electorales dibujan una Catalunya empatada consigo misma. La vía ritual de la democracia dual está agotada. Los partidos catalanes beben ser capaces de consensuar y poner después sobre mesa –esa sí, del diálogo– una propuesta que pueda ser refrendada por amplia mayoría (los dos tercios de diputados que establece el Estatut para su reforma es el referente).

Les pondré un ejemplo, situado casi en nuestras antípodas: el caso de Nueva Caledonia –esa sí, una colonia francesa– en la que se han celebrado ya tres referéndums desde los acuerdos de Matignon de 1988: el resultado de los dos primeros fue equilibrado (un máximo del 46,7% por el ‘sí’ a la independencia y del 53,3% por el ‘no’) mientras el último, celebrado el 22 de diciembre de 2021, fue boicoteado por el independentismo (el 96,5% votó por el ‘no’ con solo el 44% de participación). Con estos resultados, el diario ‘Le Monde’ resumía la situación: “El futuro de Nueva Caledonia está por inventar”. “Detrás de las posturas políticas exacerbadas por esta sucesión de referéndums binarios, cado uno debe ser bien consiente de los retos”. Y los apuntaba: abrir una nueva página, con el aval de las nuevas generaciones, para consensuar un futuro compartido.

Los referéndums no pueden sustituir a la democracia deliberativa: reducen las cuestiones complejas a simples alternativas binarias. Sí, definitivamente, y por todo lo expuesto, esto no es una mesa de diálogo.

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