El castigo mediático a Rivera

La política se la tiene jugada a Albert Rivera. Así, una información profesional de ruptura de contrato con el bufete que lo fichó se le ha vuelto en contra, como un bumerán, y le está arreando públicamente con virulencia. Sin embargo, Rivera renunció a la política en su despedida y todo apunta a que se mantendrá alejado de ella. No hay vuelta atrás. De hecho, ya trabaja en un nuevo proyecto de despacho de abogados propio con más socios. 

El fin de la relación laboral con Martínez Echevarría, que lo contrató como abogado estrella y a través de un ‘headhunter’, ha llegado a ser noticia tanto en las páginas políticas como en las sociales.

Tres ideas, más interesantes para la política que para su litigio legal, han flotado en esta ruptura: la primera, que Rivera ha reclamado una indemnización para un trabajador por encima de lo que él defendía como diputado; la segunda, que como abogado solo fue un becario; y la tercera, que era un vago. Las tres han sido utilizadas por los que fueran sus enemigos políticos como argumento en tertulias y análisis rápidos dando por buena la tesis del bufete, que sus razones tendría.

El independentismo ha sido el primero. Albert Rivera puede ser considerado el enemigo número uno del ‘procés’, que logró que su formación se convirtiera en la más votada en aquellas elecciones de 2017, tras la famosa consulta del 1 de octubre. Así fue, aunque después convirtiera aquella victoria en cenizas.

El PSOE también ha aprovechado la información en su contra. El propio Rivera comprobó cómo, tras hacerse pública la noticia, más de 20 dirigentes socialistas regionales hurgaban en la información con alertas en redes de todo tipo.

Igual que el centroderecha, preocupado por una jugada que pudiera facilitar su vuelta al ruedo político, justo en un momento en que camina desconcertado en busca de una tesis ideológica que sea moderada pero contundente.

Estas tres ideas fuerza que se han consolidado tienen sus lados borrosos. La primera es que el contrato que tenía Rivera con el bufete era mercantil. Así que es difícil una indemnización por días a la que sí están obligados los contratos laborales. Aquello que firmaron Martínez Echevarría y Rivera marca unas obligaciones y deberes. En ellos residirá la contienda judicial si, al final, entran en una sala para dirimirse ante un juez.

La segunda es que contrataron a un líder político con experiencia, pero que tuvo más recorrido que ser solo becario. Su paso por La Caixa no fue en prácticas. Puede que fuera un mal abogado, pero entró a trabajar en la entidad financiera con 24 años y al poco tiempo superó unas oposiciones internas a las que se presentaron unos 200 empleados.

Su jefe fue Sebastián Sastre, en aquella época responsable de los servicios jurídicos de la entidad y que, con posterioridad, llegó a ser magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. En una entrevista publicada en la web profesional ‘Confilegal’ habla de Rivera como de una persona con la cabeza bien amueblada y brillante, además de especialista en protección de datos con el que trabajó cuatro años.

La tercera idea es la de estar frente a un profesional poco activo. Esta cuestión es interpretable y está relacionada con los objetivos previstos. A pesar de ello, Rivera es conocido por una hiperactividad continaa, casi obsesiva, que muestra en sus habituales movimientos. En la filosofía ayurvédica su ‘dosha’ sería el de un hombre ‘pitta’. O sea, el tipo que no puede estar quieto. Esta ha sido la respuesta de muchos de sus amigos al conocer el motivo argumentado por el despacho sobre su ruptura laboral.

Sus cercanos aseguran que está volcado en poner en marcha ese nuevo bufete. Estas fuentes confirman que están trabajando en un plan de negocio porque es un momento de muchas oportunidades.

La política forma parte de su pasado. Por ello, todo apunta a que su silencio será mayúsculo. No hay nada que decir, no hay nada que opinar, apuntan esas fuentes. Dicen que ese es el diseño de su estrategia para los próximos meses: no entrar en discusiones con el bufete que lo contrató. Todo a través de sus abogados. Y más en un momento en que hasta los ‘realities’ televisivos lo persiguen para que se explique.

Según ‘El Confidencial’, la defensa será llevada por un bufete especializado en contratos de alta dirección: Carlos Remón Abogados. La fama le precede. Logró hace muy poco que el Banco Santander indemnizara al directivo Andrea Orcel con 51,4 millones por fichaje frustrado. En este caso, la reclamación jurídica consiste en una "resolución contractual por incumplimiento".

Pero, de momento, la política sigue siendo la rémora que mantiene a este exdiputado, exlíder de una formación en crisis, exorador parlamentario, en el foco mediático, del que igual tampoco quiere salir.

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