Violencia sexual en la infancia: ¿comisión y algo más?
Más importante que la forma que tenga la investigación sobre los abusos en la Iglesia (parlamentaria o independiente) será el recorrido que tenga y las medidas políticas que se tomen a partir de ella
Gemma Altell
Psicóloga social. Fundadora de G360.
Gemma Altell Albajes
La violencia sexual (vamos a llamarle por su nombre) en la infancia y en la adolescencia es un fenómeno estructural que hunde sus raíces en el sistema patriarcal. Como ya escribí hace seis años, cuando estalló el caso Maristas, no hablamos solamente de la Iglesia como institución. Hablamos de un fenómeno que se produce también en otras estructuras patriarcales como, por ejemplo, la familia, donde se producen la mayoría de las violencias sexuales en la infancia -entre otras-. El fuerte sobre el débil se traduce en: el adulto sobre la infancia, el hombre sobre la mujer o el profesor/monitor/entrenador sobre el alumnado.
Estos días el debate está centrado en si debe ser una comisión parlamentaria la que investigue la situación dentro del marco de la Iglesia o una comisión independiente. Víctimas -de lo que hasta ahora hemos llamado abusos sexuales desde diferentes instancias- llevan décadas reclamando legislación y reparación. Parece que el tema empieza a estar en la agenda política. Sin embargo, llevar la cuestión al debate sobre qué tipo de comisión debe ser la que se encargue de abordar el tema es reducir el foco.
Es evidente que la investigación debe ser llevada a cabo de la forma más rigurosa, profunda y transparente posible, pero también con el máximo cuidado hacia las personas víctimas y, por consiguiente, con la máxima confidencialidad. Una comisión parlamentaria debería asegurar los mecanismos para que se cumplan todas estas condiciones. Por otro lado, además, el hecho de que una comisión independiente sea liderada por el actual Defensor del Pueblo, que ha formado parte de la institución eclesiástica desde distintos roles, levanta ciertas dudas sobre su objetividad. Aun así, serían necesarias ambas. Pero lo más importante será el recorrido que tengan y las medidas políticas que se tomen a partir de ellas.
La mirada adultocéntrica y machista en la que vivimos sigue legitimando los abusos de poder
Dicho esto, deberíamos reflexionar sobre cómo nuestra sociedad puede transformar sus instituciones (las formales y las informales) para garantizar que no existe impunidad o indefensión para sus integrantes. La mirada adultocéntrica y machista en la que vivimos sigue legitimando los abusos de poder. La violencia sexual hacia la infancia es una de sus manifestaciones más graves. Es importante señalar que, independientemente de si las víctimas han sido niños o niñas, los perpetradores son -en su inmensa mayoría- hombres. Hombres que, por su posición, tienen la certeza, hasta ahora, de que cometer abusos no les supondrá penalización. Forma parte de la arquitectura de los privilegios en la que vivimos. Por consiguiente, querría subrayar que no es una violencia que se produzca al margen de otras violencias machistas, sino que forma parte de ellas; en este caso, con la infancia como víctima. Además, con el agravante de que la infancia no ha tenido -hasta hace muy poco- voz en el diseño de las políticas que les incumben directamente.
Es una muy buena noticia que finalmente, en España, empecemos a poner luz y taquígrafos a la Iglesia, de forma estructural; y, por tanto, tomemos conciencia de que no estamos hablando de casos aislados dentro de la institución. Tampoco son casos aislados los de las religiosas agredidas sexualmente durante años, también en el seno de la Iglesia, con la connivencia de la jerarquía eclesiástica (como mínimo por omisión y mirando hacia otro lado).
Si consideramos, además, el papel simbólico en la moralidad de la ciudadanía que pretende jugar la Iglesia desde hace siglos hace que el carácter estructural del fenómeno sea aún más grave. Significa que hasta ahora hemos permitido (socialmente) un mensaje social sobre las violencias basado en la resignación, el silencio y la obediencia. Quizás esto tenga algo que ver con que esté costando tanto este proceso y por qué seguimos siendo tan permisivos con una institución que ni siquiera en este momento se ha pronunciado.
De esta comisión o comisiones -tome la forma que tome finalmente- deberían salir, como decía, además del señalamiento y las condenas que corresponda de los casos concretos, mecanismos de control; es decir leyes y protocolos, pero que se cumplan. Y, más allá, un cambio de cultura que garantice conciencia de la vulnerabilización que ha sufrido la infancia hasta ahora.
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