Salario mínimo, necesidad sin consenso

El Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional (SMI), de 965 euros a 1.000 euros, con efectos retroactivos al 1 de enero, tras pactarlo con los sindicatos. Como ocurrió con la anterior subida salarial, en septiembre, la patronal no ha entrado en el acuerdo. Sin sorpresas, porque su posición -que no es el momento propicio- no ha variado desde entonces. Para el Ejecutivo, en cambio, sí que es el momento, porque figura en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y, especialmente ahora, porque la inflación ha causado 'de facto' una devaluación salarial que sufren en mayor medida los trabajadores con las nóminas más bajas.

La necesidad de ajustar el SMI al coste de la vida real hace razonable subirlo 35 euros al mes. Y a las consabidas advertencias de que lastrará la ocupación, pueden contraponerse los datos de empleo, que demuestran que el anterior alza no tuvo especial afectación negativa.

El Gobierno tiene la competencia exclusiva de fijar el SMI, por tanto puede hacerlo sin contar con la aprobación de la CEOE. Sin embargo, resulta del todo incoherente con el discurso que, hace tan solo unos días, escuchábamos de los mismos líderes políticos para defender que no se tocara «ni una coma» de la reforma laboral para que no se saliera del pacto la patronal. Que entonces se considerara imprescindible la participación de los empresarios y que ahora no, siendo en ambos casos una parte implicada, es ilógico.