Una comisión de la verdad sobre los abusos de la Iglesia

Hay una escena en la película ‘Spotlight’ sobre la investigación de los periodistas del ‘Boston Globe’ de los casos de pederastia en la Iglesia católica en Boston en la que un experto en rehabilitación de sacerdotes pederastas explica a los reporteros que, en su experiencia, el porcentaje de sacerdotes implicados en abusos sexuales en la ciudad debe de girar alrededor del 6%. La cifra me viene a la cabeza cuando leo que la comisión gubernamental creada en Australia para investigar sobre los abusos sexuales a menores cometidos por instituciones religiosas en el país cifró en un 7% el porcentaje de los sacerdotes católicos que trabajaron allí entre 1950 y 2010 que fueron acusados de abusos sexuales. Allí donde ha habido comisiones de investigación (Irlanda, Francia...) las cifras de víctimas y de supuestos abusadores se cuentan por miles. Por eso resulta tan difícil de creer que en países como Italia y España, de profundas raíces católicas en la sociedad, la política y la economía, la cifra de casos conocidos sea baja respecto otros países. Ayuda sin duda a ello que ambos países no han creado una comisión para investigar los abusos sexuales a menores cometidos en las instituciones de la Iglesia católica. La tarea de desenterrar lo que sucedió recae en la valentía, contra viento y marea, de algunas víctimas y en el trabajo periodístico (como el que lleva haciendo EL PERIÓDICO desde hace años). No es aventurado afirmar que, en este tema, las investigaciones internas en el seno de la Iglesia no han sido lo que mejor ha funcionado. 

En España, el Gobierno de coalición ha anunciado que impulsará una comisión independiente de investigación y pretende que la lidere un cargo institucional, el Defensor del Pueblo, cuyo mandato constitucional como alto comisionado de las Cortes Generales (artículo 54 de la Constitución) es supervisar la actividad de la Administración. Más allá de los recelos de las víctimas por la biografía del actual Defensor, Ángel Gabilondo, la propuesta del Gobierno no parece que vaya en la línea de las comisiones de expertos independientes creadas en otros países, como Portugal. Por desgracia, en nuestra atmósfera y cultura política es comprensible que no se impulse una comisión parlamentaria (visto lo visto, mejor ahorrarse el humillante circo político-mediático que suele rodear estas comisiones). Pero que el Defensor del Pueblo lidere la investigación tampoco parece el artefacto legal adecuado, por mucho que pueda recabar una mayoría parlamentaria. Entre otros motivos, porque es capital que la investigación sea y parezca independiente de cualquier pretensión de politización en cualquier sentido. 

Manzanas podridas

¿Para qué sirve una comisión de investigación como esta? Evidentemente, para hacer justicia, asunto espinoso desde un punto de vista penal dado que en muchos casos los delitos han prescrito. Pero una comisión de este tipo también debe ser un espacio de reparación de las víctimas. Los abusadores no podrían haber gozado de impunidad durante años sin un entramado de silencio que empezaba por la Iglesia pero que no terminaba en ella. Hubo culpables directos, pero también hubo encubridores y enterradores, obstaculizadores y silenciadores. Como en Irlanda, en países como España e Italia no estamos hablando tan solo de unas cuantas manzanas podridas en el cesto de la Iglesia.

Entre las lecciones que Sudáfrica dejó al mundo tras la caída del apartheid estuvo la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, un organismo público creado para lograr la justicia restaurativa tras el apartheid. La comisión tenía como objetivo primordial recopilar pruebas e información, tanto de víctimas como de quienes cometieron las vulneraciones de derechos humanos. “La verdadera reconciliación nunca es barata, porque se basa en el perdón, que es costoso. El perdón, a su vez, depende del arrepentimiento, que debe basarse en el reconocimiento de lo que se hizo mal y, por tanto, en la revelación de la verdad. No puedes perdonar lo que no conoces”, dijo al arzobispo Desmond Tutu, presidente de la comisión. Su trabajo no satisfizo a todo el mundo, y tuvo aspectos criticables, pero existe consenso en que fue un elemento clave de reparación (moral, que no económica) de las víctimas y de los avances de Sudáfrica para superar el horror del apartheid. De hecho, siguiendo su ejemplo varios países crearon su propia comisión de la verdad para lidiar con pasados dolorosos después de conflictos y dictaduras. 

La Iglesia católica no es una institución cualquiera en España. Cualquier investigación sobre los abusos perpetrados en su seno debe partir del reconocimiento, el arrepentimiento, de la revelación de la verdad, en palabras del arzobispo Tutu. Tal vez, más que una comisión de investigación forzada dentro del ordenamiento jurídico, España necesita crear su propia versión de una comisión de la verdad sobre lo que sufrieron menores durante décadas en las instituciones educativas religiosas. 

Suscríbete para seguir leyendo