Abusos sexuales Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

El camino de la verdad y la vida

La necesaria investigación de la pederastia en la Iglesia ha de desvelar la verdad sobre los abusos e ir más allá de la reparación económica de vidas destrozadas

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El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella / Pool Moncloa / Fernando Calvo

El periodismo de investigación de EL PERIÓDICO fue el primero en romper el tabú de los abusos en la Iglesia católica en febrero de 2016. Desde entonces, el tema es de dominio público y se ha normalizado el derecho de las víctimas a denunciar y ser escuchadas. A pesar de que ciertas órdenes religiosas han iniciado procesos internos de investigación e indemnización extrajudicial, aquí la cúpula de los obispos sigue sin dar el paso firme y transparente que sí ha dado en Alemania, Francia o Estados Unidos.

En esos países han previsto la venta de bienes inmobiliarios para hacer frente a las indemnizaciones. El reciente marco de acuerdo para devolver las inmatriculaciones de bienes inmuebles que el PP facilitó y del que la Iglesia católica abusó sin miramientos, es el camino correcto. Quizás sea la previa para ordenar el balance y asumir qué coste económico le va a suponer reparar daños. 

Pero ni los abusos por pederastia ni su silencio se arreglan con dinero. La Iglesia no puede ser ahora un frío mercader inmisericorde cuando predica el respeto a la vida y la dignidad humana. Es hora que demuestre su coherencia moral y pida perdón público. Toda la sociedad lo está esperando y su futuro como institución depende de ello. 

Hay miles de excelentes sacerdotes y educadores que jamás han tocado a un niño. Pero encastillarse en la opacidad y falta de transparencia para encubrir una minoría tóxica iría contra ellos y su correcta labor. El 77% de los casos registrados en España afecta a órdenes religiosas que no están bajo la autoridad de los obispos, sino que son órdenes educativas. Temerosas de sufrir una crisis de reputación que afecte la confianza de su actual clientela. Las nuevas normas del Papa Francisco, aprobadas en 2019 y 2020, son muy claras y obligan a las conferencias episcopales. Sería impúdico que los obispos españoles se resistieran.  

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El ministro Félix Bolaños ha dejado claro que la comisión de investigación que activará el Defensor del Pueblo no es contra la Iglesia sino contra aquellos comportamientos de abuso contra la infancia que la sociedad ya no puede tolerar ni encubrir mirando a otro lado. Desde 2016 y gracias a EL PERIÓDICO y la prensa seria que queda en el país, las víctimas se han liberado y se han empoderado. No todos han de dar la cara y hay que preservar su privacidad, en especial, en un país que tanto banaliza y convierte el dolor ajeno en espectáculo mediático.

La investigación que propone el Gobierno no hay que dilatarla. Las tornas han cambiado. Ahora son los obispos los que no han de poner impedimentos. Han tenido su tiempo. Lo peor es que lleguen a pedir el rescate a los partidos de derecha y sus terminales mediáticas para denunciar una guerra cultural o una causa anticlerical de la anti-España. No, no va de eso. Se trata de algo tan elemental como reparar la violación de derechos humanos y no encubrirlo. En último término, se juzgan heridas y cicatrices emocionales por abuso de poder y unas relaciones de dominación que ya no tienen cabida en las sociedades libres y abiertas que tanto predican. 

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