La bala de plata que conserva la CEOE

La vicepresidenta Yolanda Díaz y los representantes sindicales han celebrado la definitiva aprobación en el Congreso de los Diputados de una reforma laboral que, desde su punto de vista, acaba con algunos de los aspectos más lesivos de la que en en 2012 impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy para promover una devaluación salarial con la que orientar la salida de aquella crisis financiera y allanar el camino del dinero europeo que, finalmente, se proyectó para rescatar el secto financiero.

La patronal CEOE, por su parte, ha celebrado la aprobación del real decreto porque "consolida lo esencial de la reforma laboral de 2012" y porque "trabaja por reducir la temporalidad en nuestro país como pide la Unión Europea", ahora, para transferir el dinero europeo del Plan de Recuperación. De nuevo, el dinero europeo.

La afirmación del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, de que la reforma laboral consolida lo esencial de la de 2012 sin duda sirve para justificar su firma en un acuerdo imposible de digerir por una parte del colectivo empresarial. Pero esa afirmación entraña algo más. Y no es solo que no se ha tocado nada referente a las causas y el coste del despido. Aunque Garamendi no haga gala de ello -seguramente para no levantar recelos en la orilla sindical- esta reforma laboral deja intacta la bala de plata siempre en poder del empresario para poder imponer cambiosen las condiciones laborales, por encima incluso de lo establecido en el convenio colectivo. Esta reforma deja intacto el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a la empresa la modificación sustancial de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción (causas ETOP). Lo mismo sucede con la cláusula de descuelgue, del artículo 82, que permite dejar de aplicar condiciones del convenio relativas a salarios, jornada, horarios y funciones por causas ETOP.

Conservar el poder de esta bala de plata es lo que, con razón o sin ella, le permite a Garamendi decir a los suyos que lo esencial de la reforma laboral de 2012 sigue intacto.

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