Ratificación accidentada

El Congreso de los Diputados aprobó el jueves la reforma laboral, una norma que llegaba con el contundente aval de las principales centrales sindicales y de la patronal, pero que, como se pudo comprobar, contaba con apoyos políticos endebles. De hecho, el proyecto pasó de carambola y el modo en que se ratificó causó estupor, al conocerse al mismo tiempo que un diputado del PP había equivocado su voto telemático y había votado a favor y que los dos diputados de UPN, cuya dirección había pactado el 'sí' con el Gobierno, incumplieron, sin avisar, el acuerdo de su partido y votaron en contra de la ratificación del decreto ley. La sombra del tamayazo recorrió como un rayo el hemiciclo. De no haber sido por el error del diputado popular el proyecto habría sido derogado, pero se aprobó en medio de un espectáculo bochornoso, que la reforma laboral, por su trascendencia, no merecía. 

Pese a lo vergonzoso de la situación que se vivió en el Congreso, la iniciativa superó el imprescindible trámite parlamentario, lo que es en sí una buena noticia. Porque estamos hablando de un proyecto trascendental para el país, que recupera derechos que les fueron cercenados a los trabajadores por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y viene a combatir la precariedad y la temporalidad en los puestos de trabajo. Su aprobación está vinculada además a los requisitos que exige la Unión Europea a España para desembolsar los 140.000 millones de los fondos Next Generation. 

No fueron estos, al parecer, argumentos suficientes como para el Gobierno pudiera conformar una mayoría sólida en torno a esta norma, ya que socios de investidura, que han estado prácticamente siempre al lado del Ejecutivo en esta legislatura, como ERC, PNV o Bildu, decidieron, por razones distintas, no apoyarlo, a riesgo, como se vio, de que el proyecto decayera. Hubiera sido una desgraciada noticia por las consecuencias que habría acarreado para los trabajadores en situación de mayor debilidad y hubiera malbaratado los esfuerzos que tanto el Gobierno como los agentes sociales tuvieron que desplegar previamente para conseguir el pacto sellado por UGT, CCOO y la CEOE. 

La búsqueda de apoyos parlamentarios para la ratificación de esta norma dividió además los socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos, porque unos, con la complicidad de Pedro Sanchez, buscaron apoyos transversales en partidos como Ciudadanos o el PDECat, que finalmente respaldaron el decreto, mientras que los otros, encabezados por Yolanda Díaz, trataron, sin éxito, de atraer a sus posiciones a la mayoría de la investidura. Se podría decir que ambas partes han fracasado, porque, a la vista de la votación, ni Sánchez ha logrado constituir una mayoría alternativa sólida ni Díaz consiguió convencer a Esquerra, PNV y Bildu, lo que pone en evidencia la inestabilidad del Gobierno y la fragilidad de sus apoyos parlamentarios. Queda ahora por ver la magnitud de las heridas que este episodio ha causado entre los socios de investidura y cómo pueden estas ser restañadas.

No es asunto de menor gravedad la sobreactuación del PP y su acusación de «pucherazo» a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por impedir que el diputado que se equivocó rectificara su voto. Esa posibilidad está descartada en el reglamento, salvo que se hubiera producido un error informático. Pero si al lamentable espectáculo del jueves se suman las dudas que vierten los populares sobre la limpieza del escrutinio, el caldo de cultivo para el descrédito de las instituciones democráticas está servido.