¿Financiar el activismo crítico? Y tanto

Este año se cumplen 50 años desde que Naciones Unidas recomendó a los Estados dedicar el 0,7% de su PIB a cooperación internacional. En una renovación de este llamamiento, las mismas Naciones Unidas plantean ahora el horizonte de 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Gobierno español acaba de anunciar que llegará al 0,7 en 2030. Mientras, el Govern catalán, por el contrario, da marcha atrás en este mismo compromiso, a pesar de que todas las encuestas de opinión confirman el apoyo mayoritario de la ciudadanía a aumentar los 5 euros por persona y año, que dedicamos. Desde que en 1994 el gran movimiento social de la solidaridad internacional impulsó, desde la calle y la movilización, estas políticas públicas, existe un consenso social mayoritario, y hoy todas las administraciones hacen cooperación. Los ayuntamientos han sido tan constantes en su compromiso que, hoy, el 50% del dinero público catalán dedicado a cooperación sale de aquí. El Ayuntamiento de Barcelona no solo tiene competencias, sino que desde el 'Districte 11' es una ciudad referente en el tema. Y lo es, sin duda, gracias también a su tejido asociativo, y al apoyo decidido que da, presupuestariamente.

Lamentablemente, en cambio, el año en que tendríamos que estar hablando de por qué el Govern catalán no destina este 0,7 nos encontramos con una querella contra el Gobierno municipal que cuestiona el hecho mismo de la cooperación local y el 'interés público' de proyectos para defender los derechos de la población palestina, cuando el Tribunal Penal Internacional investiga a Israel por crímenes de lesa humanidad. La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (la entidad querellante) tampoco ve ningún interés en los proyectos para mejorar la alimentación en Mozambique, o a los que combaten las desigualdades sangrientas de género en Perú. Es obvio que esta asociación ni sabe qué son las políticas de cooperación, paz y derechos humanos, ni le interesan lo más mínimo, porque solo las utiliza como argumento en su cacería judicial. Nada que hacer o decir. Lo que es preocupante es que algunos opinadores demuestren un desconocimiento tan alarmante de un sistema que funciona desde hace décadas, y entren al trapo hablando por ejemplo, con mucha mala fe, de "informes o estudios”, en vez de hablar de lo que son: proyectos de cooperación con los cuales apoyamos a pueblos y comunidades, para que hagan frente a las violaciones de los derechos humanos de que son objeto.

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A raíz de la querella se ha cuestionado también, en este mismo medio, que se financie con dinero público a entidades que podrían ser críticas con el propio Ayuntamiento o con otras administraciones, tratando de hacer una distinción entre tercer sector 'bueno' y 'malo'. Para estos opinadores tenemos malas noticias: así es, las entidades hacemos política, no partidismo y, a veces, esto significa criticar a quien nos financia. Ya lo decía el obispo Helder Cámara, que si daba de comer a los pobres le llamaban santo, y si preguntaba por qué pasaban hambre le llamaban comunista. No solo no paramos de preguntar por qué, de múltiple maneras, sino que hace muchos años que todas las organizaciones responsables y realmente transformadoras tenemos incidencia política. Con informes, campañas, leyes o acciones en la calle denunciamos los problemas, la carencia de voluntad política para solucionarlos y planteamos soluciones. Aquí, y en Palestina, Perú o Mozambique, a través de nuestras organizaciones socias en estos países. Se llama justicia global. El informe anual de Oxfam Intermón sobre desigualdades es político. La propuesta de ley de creación de un centro catalán de Empresas y Derechos Humanos que hemos promovido es política, igual que la propuesta de ley de 'sinhogarismo' que han impulsado, también, entidades de acción social.

Podemos debatir sobre la mejor manera y la más transparente de financiar estas actividades, pero no abramos debates impropios de una democracia avanzada. Sabemos bien que, si abrimos un debate real, una parte muy importante de la ciudadanía pondría antes en cuestión el interés social de otras muchas subvenciones y patrocinios municipales.

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