Votación en el Congreso

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La política de la reforma laboral

La demanda social expresada mediante un acuerdo entre sindicatos y patronal no puede ser desatendida por intereses partidistas

Pleno del Congreso de los Diputados.

Pleno del Congreso de los Diputados. / Alberto Ortega

Las negociaciones de última hora para salvar la reforma laboral, a pocas horas de que se vote la convalidación del decreto ley en el Congreso de los Diputados, es una de las imágenes más esclarecedoras de lo alejados que pueden estar los intereses de los partidos de los intereses de los ciudadanos a quienes representan. Después de lograr algo tan complicado como poner de acuerdo a sindicatos y patronal para reformar el marco laboral, parecía que a algunos legisladores les interesara más el desgaste del adversario político que las consecuencias prácticas de aprobar o no una de las medidas estrella de esta legislatura, que pretende reducir la precariedad laboral y los abusos en la contratación temporal.

Por supuesto que el texto podría haber sido más ambicioso, pero defender maximalismos habría hecho imposible el consenso entre CCOO, UGT y la CEOE. Tan inexplicable es el 'no' del PP en contra del criterio de la patronal como el 'no' de ERC contra lo pactado por los sindicatos, a menos que en la ecuación se incluyan otras motivaciones. En vistas de la monolítica oposición que ejerce Pablo Casado ante cualquier acción del Gobierno, los 89 diputados populares están descartados de cualquier tipo de acuerdo político. El Gobierno, en cambio, sigue presionando para atraer a los 13 diputados republicanos y a los seis del PNV, sus socios prioritarios, que de momento se mantienen en el bloque del rechazo a la ley, a menos que se incluyan enmiendas. Una exigencia que saben que Pedro Sánchez no puede conceder, porque cualquier modificación del texto implicaría el descuelgue de la patronal, que no se contempla.

Calculadora en mano, ERC y PNV están empujando con su portazo al Gobierno a buscar el apoyo de Ciudadanos, dispuesto a votar a favor a condición de que no se toque ni una coma del real decreto, lo que daría la oportunidad de Inés Arrimadas de ocupar la centralidad política perdida. Esta opción es, en estos momentos, la más probable, después de que en las últimas horas se hayan sumado al bloque del sí Más País-Equo y Compromís. En un ajustadísimo 170 síes frente a 173 noes, lo que decidan los cuatro diputados del PDECat decantará la balanza.

El renovado protagonismo de Cs pone incómodo al socio de coalición del PSOE, Unidas Podemos, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha llevado las negociaciones y que prefería no contar con el apoyo de los naranjas. Así que la reforma laboral ha sido también motivo de fricción dentro del Gobierno, a un año vista de las elecciones generales.

La convalidación en el Congreso es un mecanismo que otorga garantías democráticas a los decretos leyes aprobados por el Ejecutivo. Es un paso necesario e indiscutible. Lo que no es comprensible es que los juegos de alianzas y aritmética parlamentaria lleguen a desvirtuar el espíritu original de este mecanismo legislativo, hasta el punto de poner en riesgo el cumplimiento de una amplia demanda social para mejorar la reforma del PP de 2012, que sindicatos y patronal explicitaron en forma de pacto a finales del año pasado, y que es además una de las condiciones de Bruselas para recibir los fondos europeos. Cabe confiar en la responsabilidad de la mayoría parlamentaria para sacar adelante la votación de este jueves, sin embargo, la utilización con intereses partidistas de algunas formaciones deja la amarga sensación de que la política no ha estado a la altura en una norma crucial para trabajadores y empresarios de este país.