Financiación, la otra mesa

La decisión de la Generalitat de participar en las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica constituye una noticia positiva. La Generalitat no puede marginarse a sí misma de un debate cuyo desenlace influirá sobre su capacidad para atender las necesidades de todos los catalanes. Debe asumir sus responsabilidades en el actual marco autonómico, en defensa de los ciudadanos que viven en Catalunya y de unos necesarios principios de solidaridad. En ese sentido resulta positivo que el Ejecutivo catalán haya remitido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sus observaciones a la propuesta de financiación que esta presentó en diciembre.

El retraso en la presentación del nuevo sistema de financiación –que deberá substituir al aprobado en 2009 y caducado desde 2014–, indica la complejidad técnica, y sobre todo política, que supone consensuar criterios aceptables por todos. La mejor prueba de ello está en las coincidencias entre comunidades autónomas de distinto signo político que se produjo poco antes de que la ministra abriera el melón de la nueva financiación. Ocho comunidades de la llamada España vaciada –cinco gobernadas por el PSOE, dos por el PP, y una por una fuerza regionalista– hicieron un frente común para que el nuevo sistema ponderara a su favor la dispersión y el envejecimiento de la población (un criterio que les beneficia), y no solo su volumen (criterio que les perjudica). La constitución del lobi convocado hábilmente por el presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo, tuvo su réplica inmediata por parte del presidente valenciano, Ximo Puig, que buscó el respaldo de los presidentes del PP de Murcia y Andalucía para defender los intereses de comunidades con alta población y elevado coste de vida. El Govern erró erró al no participar en aquella iniciativa, una equivocación que ahora ha sido solo en parte subsanada. Porque no basta con entrar en el debate: el mantra de la bilateralidad en las negociaciones con el Estado no debe llevar a renunciar a la búsqueda de alianzas y colaboraciones con comunidades con intereses similares.

La propuesta de 'población ajustada' presentada por Montero tiene algunos aspectos sobre los que será más fácil acercar posiciones. En particular en lo que se refiere a introducir franjas de edad para calcular el impacto de la población, lo que debe permitir tener en cuenta de manera más razonada, y beneficiosa para Catalunya, la financiación necesaria para prestar en condiciones los servicios sanitarios, educativos o sociales o abordar las inversiones que su economía requiere. El documento del Govern reclama una mayor atención al coste de la vida, lo que parece también una petición ajustada a la realidad. Más difícil será que el ministerio desoiga los planteamientos de la España vaciada en lo relativo a dispersión de la población. O que considere la aportación tributaria de cada autonomía más que la valoración objetiva de sus necesidades de gasto público. Y no solo porque Castilla y León está en plena campaña electoral. Catalunya no puede esperar que España renuncie a que la financiación sea un instrumento de cohesión territorial, aun defendiendo que la solidaridad no altere su posición relativa en el ránking de las comunidades por renta.

Si la Generalitat hubiese participado en las iniciativas del eje mediterráneo estaría probablemente en mejores condiciones para defender sus intereses. Ahora corresponde que se implique a fondo, buscando aliados y defendiendo propuestas imaginativas.