Situación insostenible en L'Hospitalet

El informe que la UDEF ha remitido al juez que investiga el presunto caso de corrupción en el Consell Esportiu de L'Hospitalet es demoledor en el caso de Cristian Alcázar, que sigue ostentando el cargo de teniente de alcalde. La policía le considera, como mínimo, responsable de permitir por activa o por pasiva algunas irregularidades. Se contabilizó un presupuesto inferior al gasto real de la entidad, no se justificaron algunas subvenciones, se permitió cargar gastos impropios y se permitió actuar con ánimo de lucro a un organismo financiado al 100% por el erario público. El juez determinará, y ya empieza a tener elementos suficientes para hacerlo, quiénes de los investigados (Alcázar, Cristian Plaza -que dejó su acta de concejal-, Eduard Galí y la misma Núria Marín) deben seguirlo siéndolo y por qué delitos. Pero, visto el informe que se ha conocido ahora, la situación de Alcázar le inhabilita, como mínimo políticamente, para seguir en el puesto que está ya que, en los hechos investigados, fue juez y parte al formar parte simultáneamente del Consell Esportiu y de la instancia del ayuntamiento que debía auditarlo, en la que tenía mando sobre los funcionarios que intervenían en los expedientes. Ese hecho puede acabar no siendo delictivo si no le enriqueció o si, simplemente, sirvió para encubrir las irregularidades de otros. En todo caso, lo digno es que renuncie a sus cargos y a su acta como hizo su compañero Plaza o, en su caso, que la alcaldesa le aparte de las responsabilidades que aún ostenta, como también debe hacerlo Salvador Illa en el caso de la primera secretaria de la agrupación local del PSC.