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Pensiones: consenso y viabilidad

El actual sistema para calcular la revalorización de las pensiones aporta seguridad a corto plazo. Pero los retos de futuro son más profundos

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El ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá; en el Congreso de los Diputados.

El ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá; en el Congreso de los Diputados. / Juan Carlos Hidalgo / EFE

El Consejo de Ministros aprobó este martes la subida de las pensiones, una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez. El nuevo sistema hace que las pensiones se actualicen anualmente atendiendo a la subida media del IPC hasta el noviembre del año anterior. Las pensiones contributivas, que son la inmensa mayoría, subirán un 2,5% en términos generales. Puesto que el incremento de las pensiones durante el año anterior había sido del 0,9%, los pensionistas ingresarán además este mes de enero la diferencia –la llamada paguilla– que ascenderá por término medio a unos 250 euros.

El Congreso había aprobado en diciembre la reforma de las pensiones, que obtuvo el acuerdo parcial de los agentes sociales. Sindicatos y patronales avalaron la utilización del este sistema de cálculo del impacto del IPC para actualizar las pensiones, igual que las medidas para aumentar la edad media de jubilación. No fue así en el caso de la subida de las cotizaciones, que repercute sobre todo en las empresas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, subrayó ayer que el actual mecanismo aporta una gran certidumbre, pues las pensiones se revalorizan cada año según la inflación ya contabilizada. Es así a corto plazo y a efectos de la gestión inmediata. Pero ya el año próximo puede enfrentarse a una situación tensa. A lo largo de 2021 los precios acabaron subiendo un 3,1%. El mes de diciembre fue récord, con una inflación del 6,5%. Se trata del IPC más alto des del mes de mayo de 1992. Si la inflación continúa tan alta, la administración verá dispararse irremediablemente el gasto el año próximo.

Pero sobre todo, el sistema español de pensiones se enfrenta a un buen número de retos e interrogantes a medio y largo plazo. El más estructural de ellos está relacionado con la demografía, con nuestra envejecida pirámide de población. Por supuesto, la proporción de ocupados –en estos momentos en crecimiento de la mano de la recuperación económica– y el importe de los salarios –mucho menor para los trabajadores que se incorporan al mercado de trabajo y aportan sus cotizaciones que los que sirven de base para calcular las prestaciones a los que se irán jubilando– son otras variables a considerar. El sistema de pensiones, que supone un coste enorme para las arcas del Estado –el equivalente al 12% del PIB– requiere de medidas que permitan hacerlo sostenible en el futuro. Algo que, pese a los cambios impulsados por el ministro Escrivá, aún no se puede dar por hecho a día de hoy. Europa, para empezar, no lo considera así.

Nos hallamos ante una cuestión de enorme importancia que requiere de amplios consensos, que en su versión ideal deberían alcanzar no solo a los agentes sociales -patronales y sindicatos– sino también a una mayoría parlamentaria lo más amplia posible. Esto no es nada sencillo, en gran parte porque las pensiones han resultado desde siempre un terreno abonado para la demagogia. Cabría pedir, rogar incluso, a los partidos políticos, sobre todo cuando se encuentran en la oposición, que excluyeran este asunto –que tanto tiene que ver, en efecto, con la dignidad de nuestros mayores y de los menos favorecidos– del tiroteo electoralista. E invirtieran sus mayores esfuerzos y todo su talento –los vamos a necesitar– en estabilizar definitivamente el sistema.