Catalunya sin ley electoral: una insostenible renuncia

Los partidos catalanes están a punto de aplazar una vez más la aprobación de una ley electoral propia. Un Parlament que se las da de ser una abanderado del autogobierno y que incluso ha tenido mayorías favorables a «desconectar» de España es incapaz de aprobar una regla básica de todo régimen democrático, la que regula cómo se sustancia a la representación de los ciudadanos en función de los territorios en los que viven, la que determina cómo se organiza la soberanía, la que establece condiciones de equidad en el derecho a la participación política, la que conforma los mínimos de calidad democrática. Durante estos 41 años todos has mirado más la calculadora de los intereses partidistas que los índices de desafección de los ciudadanos. Tener una normativa basada en intereses puramente partidistas no hace otra cosa que profundizar en la desconfianza en las instituciones y aumentar la brecha entre los ciudadanos y la clase política. Una brecha que ahora también es generacional, con electores que han llegado a la edad adulta viendo que seguían normas absurdas como la prohibición de publicar encuestas la última semana de campaña o las nefastas condiciones del voto por correo en plena era digital. Catalunya debe tener una ley electoral, en primer lugar, por una mínima garantía democrática de sus instituciones y de recuperación de la confianza ciudadana.

La principal dificultad que plantean los partidos para eludir este debate es el miedo de algunas formaciones, ahora independentistas, de perder la posibilidad de tener mayorías parlamentarias si se reequilibra el peso de los territorios en la elección de los diputados. Es verdad que el sistema actual lo ideó el Gobierno de la UCD para evitar la victoria del PSUC, de los «comunistas» que decían en aquellos tiempos. En toda España, y también en Catalunya, se depreció el voto urbano. Y ha seguido así en ambos espacios políticos. A lo largo de estos años se han puesto sobre la mesa alternativas diferentes para reducir ese diferencial sin llegar a eliminarlo puesto que los territorios también son importantes. Pero no ha habido manera.

Estamos en condiciones de exigir que esta vez no sea así. Algunos dirigentes del independentismo deberían recordar ahora lo que escribieron o lo que dijeron cuando eran dirigentes de la sociedad civil y desde la Fundació Jaume Bofill, por ejemplo, o desde la ANC, defendían aquel principio de un hombre, un voto. No hay proyecto independentista que se pueda tomar en serio si es incapaz ni de hacer una propuesta de ley electoral que profundice en el autogobierno en lugar de aprovecharse de la peor cara del autonomismo de la Transición. Los partidos que desean cambiar la agenda soberanista tienen igualmente el reto de hacer una propuesta de ley electoral inclusiva que les fuerce a tener en cuenta la dimensión territorial y que los reconcilie con un electorado minoritario pero que también tiene que formar parte del proyecto catalán. 

El pasado mes de septiembre, este tema eterno fue reabierto por ERC y ahora ha sido el PSC el que se ha apuntado a la idea con la intención de elaborar la ley en un plazo de seis meses. El escepticismo, sin embargo, es general, porque previsiblemente los partidos independentistas bloquearán cualquier solución que aumente la proporcionalidad amparándose en la necesidad de tener una mayoría de dos tercios que ignoraron soberanamente en el aciago debate del 6 y 7 de septiembre de 2017. Y la sospecha es que los partidos no independentistas aprovecharán esta negativa para quedar bien sin arreglar el problema. Esa es la peor solución imaginable.