Retribuciones polémicas en el Parlament Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Foco erróneo

La autonomía de los entes públicos es buena si quien la aplica se responsabiliza de sus resultados. No si sirve para salirse de la norma

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Hemiciclo del Parlament de Catalunya.

Hemiciclo del Parlament de Catalunya. / Europa Press

La información sobre retribuciones de algunos empleados públicos que en la última etapa activa cobran sin trabajar ha encendido el debate. Merece la pena no obviarlo si somos capaces de poner el foco en dónde radica el problema, para así corregirlo de verdad: sería muy pobre, y falso, que del debate hoy en los medios acabara la gente concluyendo que ‘los funcionarios’ (todos) tienen mucha caradura y que ‘los políticos’ (todos) son unos corruptos y esto nos distrajera de los escándalos retributivos en otros muchos ámbitos de nuestra sociedad actual. Vaya de entrada mi total rechazo, antes y ahora, de esta práctica de nuestro Parlament. Y no solo de la prejubilación con el 100% del sueldo, sino también por las bajas de maternidad completa, más un tercio durante un año, cobrando la totalidad de la retribución, prerrogativas que no tiene nadie.

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La función pública no prejuzga nada en cuanto a la gestión; no es más que un 'chaleco' administrativo, una vestimenta formal de protección pensada contra la discrecionalidad de los nombramientos y ceses políticos, supuestamente para el mejor servicio a los ciudadanos. Contra las cesantías decimonónicas, servidoras de los políticos, queremos servidores civiles ('civil servants') al servicio del ciudadano. Todo esto tiene matizaciones, ciertamente, pero esta es la sustancia. Sabemos que esta protección la función pública la otorga contra el riesgo de la pérdida del trabajo, generando así una prima diferente por categorías de trabajadores. Cuantas menos competencias formativas y responsabilidades, mejor es el valor asignado a trabajar en la administración pública respecto al de hacerlo en el sector privado. Lo contrario para las categorías altas, tal como las catalogaría una consultora que ponderara los puestos de trabajo. El chaleco de protección cubre así a diferentes trabajadores para diferentes tareas. No podemos utilizar, por lo tanto, el adjetivo funcionarial como identificador de una única categoría: El foco se tiene que poner no en la función pública sino, en mi opinión, en la autonomía organizativa de algunos órganos e instituciones dentro de la administración, y el sector público en general, y cómo estos la utilizan.

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Ciertamente, la autonomía es buena si quien la aplica se responsabiliza de sus resultados. No si sirve para salirse de la norma desde posiciones cortoplacistas de políticos que después se lavan las manos, desde el sentimiento de que ellos eran los primeros interinos en los lugares que ocupaban. La responsabilidad, para un político de paso, tiene que ir desde la sanción por infracción de la ley a la pérdida de reconocimiento social. Si las malas decisiones se pueden revertir, siendo nulas de pleno derecho o anulables como mínimo, la responsabilidad tiene que ser material, penal si se tercia. Si no es el caso, la reputación de una persona pública tiene que quedar señalada sin distinciones, sea cual sea el lugar que posteriormente esté ocupando. Tengo experiencia propia, por mi paso en el consejo de gobierno del Banco de España, de alguna de estas prácticas en la gestión de algunas entidades financieras. Salir yo mismo de un cargo del que se hablaba más de las responsabilidades que tomábamos que de su retribución real, a pesar de estar en las memorias anuales del Banco, para acabar el mandato sin compensación por los 12 años dedicados, me permite (creo) dar mi opinión a favor de la dedicación profesional en el interés público. Y dar un toque de atención contra la idea de derivar del debate de lo que ha pasado en el Parlament, en la Sindicatura e incluso en algunas universidades (¡aquí revertidas!) una descalificación global contra los empleados públicos. Es cómo se utiliza y se responsabiliza de la autonomía de las organizaciones públicas por parte de los políticos, y no la función pública, la madre del cordero de lo que hoy observamos.

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