El turismo reclama su lugar

España es un país turístico. Por más que la pandemia lo ha puesto en jaque y ha acelerado la necesidad de replantear el modelo dominante de turismo de masas –un debate recurrente desde antes de la irrupción del coronavirus–, sobre este sector se sigue asentando una parte fundamental de la economía española. Actualmente, se estima en torno al 10% del producto interior bruto (PIB), y en 2019 superaba el 12%. Recordar que España sigue siendo un país turístico es necesario para no perder de vista su peso en el empleo (diciembre cerró con 2,3 millones de afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas) y tenerlo en cuenta a la hora de reformular el modelo económico del país. Es cierto que existen ámbitos emergentes, que hay que potenciar (la transición energética, por ejemplo), pero la recuperación económica a corto y medio plazo pasa en gran medida por la reactivación del turismo. Expuesto todo lo anterior, se entiende la perplejidad de los empresarios turísticos al ver en abril pasado, cuando el Gobierno presentó los grandes proyectos de inversión que absorberían el grueso de los fondos europeos, que el turismo quedaba en un discreto octavo lugar, con un plan de modernización e impulso al sector dotado con 3.400 millones de euros en tres años, por detrás de otros planes como el de movilidad sostenible (13.200 millones) o rehabilitación de vivienda (6.820 millones). Fitur, la feria de turismo que se celebra estos días en Madrid, ha servido de altavoz a las empresas del sector para insistir en su reclamación de más ayudas, en correspondencia con su peso en la economía del país.

Las grandes compañías agrupadas en el lobi Exceltur y la patronal CEOE reclaman que el turismo tenga su propio PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica). La ministra del ramo, Reyes Maroto, lo rechaza, porque considera que el plan previsto ya es un «auténtico PERTE». Aquí conviene aclarar términos: aunque se trate igual de dinero de los fondos europeos, el plan de modernización del sector turístico de 3.400 millones, como está diseñado, no es un PERTE, aunque la ministra los equipare. Un PERTE se reserva a los proyectos estrella, con potencial de arrastre para el crecimiento, y entre sus características distintivas está la colaboración público-privada y con centros de investigación, deben participar al menos cinco empresas y dos comunidades autónomas. El Gobierno ha anunciado PERTE para el vehículo eléctrico, para la salud en vanguardia y para las energías renovables y el hidrógeno verde. El valor estratégico de estos tres campos es indiscutible, como también lo es el del turismo, que en cambio se queda fuera. Es indispensable que la industria turística se modernice, reposicionar destinos y mejorar la calidad de algunos productos para no depender solo de la cantidad de turistas que nos visitan. Una remodelación de amplio alcance que sin un PERTE que lo articule será difícil de lograr. Otra cuestión es si la petición de Exceltur de que se destinen 17.500 millones es excesiva, cuando para las renovables son 6.900 millones y para el vehículo eléctrico, 4.300 millones. Igualmente, sería equivocado destinar esta ingente inversión para volver al estado de 2019, sin adaptarse a los nuevos tiempos.

El apoyo del Gobierno al turismo a través de los ertes ha sido decisivo. Ha evitado la quiebra de numerosas empresas y que cientos de miles de trabajadores perdieran sus empleos. El Gobierno supo atender entonces las necesidades del sector; ahora debe seguir haciéndolo.