Polémica política Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Guerra por el reparto de fondos

Aunque el PP intente sacar rédito político alimentando la sospecha, las autonomías tienen derecho a exigir transparencia en la asignación de las ayudas europeas

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Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso. / EFE Vídeo

Nueve millones es una parte ínfima de los 140.000 millones de los fondos europeos para la recuperación que recibirá España. Apenas el 0,0064% del total. Pero esos nueve millones bien pueden tomarse como ejemplo de lo que representa el reparto de las ayudas, de la desunión y la desconfianza entre territorios y entre los dos principales partidos, de una oposición enfocada en erosionar al presidente Pedro Sánchez y de un Gobierno central no tan transparente como debiera. La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra lo que considera una asignación «arbitraria» de los mencionados nueve millones a cuatro comunidades autónomas (País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura) para políticas de empleo. El Gobierno madrileño critica que esa cantidad se haya repartido por real decreto, al margen de lo acordado en la conferencia sectorial correspondiente, es decir, de forma adicional y no pactada con el resto de autonomías. Con este movimiento, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha avanzado en la guerra por el reparto de los fondos, ante la que el líder del PP, Pablo Casado, solo ha podido sumarse. No tenía otra opción el líder de los populares, si no deseaba perder perfil político en la pugna con su rival dentro del partido. Sin embargo, aunque Casado apunta a un «reparto a dedo» que «puede llevar a la corrupción», y apoya las acciones de las comunidades gobernadas por el PP contra la gestión de los fondos europeos, por el momento solo la Comunidad de Madrid ha acudido a los tribunales. Otras regiones, como Galicia y Castilla y León, han optado por agotar antes la vía política y administrativa. Bien podría ser por las escasas posibilidades de éxito en los tribunales, como sostiene la Moncloa.

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La división entre comunidades ante el reparto de los fondos, en dos bloques según si en el Gobierno regional están los populares o los socialistas (o alguno de sus socios), refleja la lucha partidista por controlar la palanca de la recuperación económica. De telón de fondo, la larga campaña electoral que se ha puesto en marcha con las autonómicas en Castilla y León del próximo febrero y que culminará en 2023 con las generales y las municipales. Los barones socialistas cargan contra la judicialización de las ayudas europeas por parte del PP, a quien acusan de dañar la imagen de España en Europa. Aunque al primer partido de la oposición no le mueva solo la búsqueda de un reparto «justo» y pretenda también sacar rédito político, la exigencia de una mayor transparencia en los procesos donde interviene la Administración es difícilmente criticable. Los ciudadanos y sus representantes tienen el derecho de exigir que se aclaren las dudas sobre el uso de los recursos públicos, y los Gobiernos tienen la obligación de dar cuenta de ello. 

En torno a los fondos europeos, aún hay otro asunto, que es la dilación en la tramitación del proyecto de ley por parte del propio Gobierno. Un año de bloqueo de una ley que se suponía urgente, porque PSOE y Podemos han prorrogado hasta en 38 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas. El resto de partidos no pueden así introducir modificaciones, en lo que a ojos de nacionalistas catalanes y vascos es un intento de recentralizar la gestión de unos fondos que deberían estar en manos de las autonomías. Y mientras se libra la batalla por el poder de gestionar 140.000 millones de euros, las ayudas llegan a cuentagotas a sus destinatarios finales, empresas y trabajadores, para mayor desesperación de todos.