Debates reales sobre el sector ganadero

La sostenibilidad del sector ganadero se ha convertido en combustible principal de la controversia política más agria. Se aplica a esta cuestión la lógica polarizada típica de los debates de consumo rápido que definen nuestro tiempo: necesariamente, hay que estar a favor o en contra, y manifestarlo de forma casi automática. 

Desde que las declaraciones del ministro de Consumo apretaron el detonador de la polémica, poco se ha hecho por fijar hechos, definir conceptos, analizar objetivamente la situación e investigar alternativas viables de futuro. 

No deja de sorprender que se hable de categorías que no están fijadas con precisión. Se ha situado la cuestión en la disyuntiva entre granja extensiva o intensiva, cuando ni siquiera el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación proporciona una definición clara de los términos, exceptuado el caso de los porcinos. 

Comencemos el análisis a partir de algunas certezas. En primer lugar, subrayar que el sector agropecuario es fundamental en nuestra economía, al representar el 3,4% del PIB, y que la industria cárnica significa el 23% de este volumen de negocio. Estamos entre los cuatro países más potentes de la UE en este aspecto. 

Segunda constatación: comemos demasiada carne. Concretamente, y según fuentes ministeriales, el doble de la recomendable, habida cuenta de que la Agencia Española para la Seguridad Alimentaria y Nutrición (ASEAN) prescribe un máximo de 500 gramos semanales. 

Las dos realidades anteriores conviven en un contexto de ensanchamiento de la brecha que separa el precio del producto en origen del que paga el consumidor final. En 2020 el precio de venta al público de la carne de ternera cuadruplicaba el precio de cotización en el campo. Esta es una situación que preocupa a los productores. Es importante encontrar un punto de equilibrio más razonable si se quiere evitar que el precio siga siendo un factor que incentive la producción a mayor escala, como sucede en el caso de algunas macrogranjas. 

Conviene salir del esquema de polarización de modelos opuestos y enfocarse en realidades. Para decidir qué esfuerzos hay que premiar y qué actitudes se deben sancionar, primero hay que conocer a fondo cómo se gestiona un negocio agropecuario, identificar el origen de la huella ecológica que dejan y los elementos determinantes de la calidad de sus productos. El camino transitable pasa por actuar sobre aspectos concretos como la regulación de la cantidad de animales, el funcionamiento de la inspección, la definición de los estándares de higiene y la calidad de la alimentación y el cuidado de los animales. Esto ha de ir acompañado por un esfuerzo de transparencia. Es vital que la UE trate el etiquetado de calidad como una ISO.

Europa tiene por delante un trabajo de revisión crítica de los resultados de la Política Agraria Común (PAC), idealmente creada para controlar el mercado mediante subvenciones al productor. Persiste una contradicción: políticas pensadas para fomentar una producción más sostenible están sirviendo de incentivo a pocas y grandes empresas, frente a las que las pequeñas granjas tienen pocas oportunidades de supervivencia. El 75% de las ayudas fueron a parar al 15% de las granjas. 

El Pacto Verde Europeo de 2020 debería ser la brújula que marque el rumbo de la PAC. Ente los ejes vertebradores de este Pacto está el objetivo de un sistema alimentario saludable, justo y sostenible desde el punto de vista medioambiental. Se concreta en el sugerente lema de la estrategia ‘De la granja a la mesa’. Se trata de un plan de acción con 27 medidas en las que se concretan los retos que hay que abordar para la consecución de un sistema alimentario sostenible. Están fijados teniendo el año 2024 como horizonte. 

España, en el marco de la UE, ha de introducir cambios en la regulación del sector. Se ha de formular un consenso, aclarar definiciones y aplicar el principio de transparencia a la producción. La responsabilidad ha de alcanzar a todos los agentes de la cadena: intermediarios, industria y supermercados. Es clave que el modelo pueda ofrecer márgenes razonables al agricultor y al ganadero. Estructuralmente, esto reclama un esfuerzo de inversión en innovación y de estímulo de nuevas y buenas ideas. 

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