Pandemia, cuarentena y baja laboral

Las bajas laborales (incapacidad temporal) representan un gran logro de nuestro sistema de protección social, pues proporciona un subsidio diario a las personas afiliadas a la seguridad social mientras se recuperan de un problema de salud que les impide trabajar, sea de origen laboral o no. Recordemos que el salario es la principal fuente de ingresos de la mayoría de los ciudadanos, y tener garantizado al menos una parte es una condición necesaria para el cumplimiento de la cuarentena en tiempos de pandemia. 

Como establecen los protocolos de vigilancia epidemiológica, aislar a las personas infectadas y hacer un seguimiento de sus contactos constituyen medidas preventivas básicas. De hecho, el primer estado de alarma en primavera de 2020 constituyó una cuarentena 'poblacional' de más de tres meses. El impacto sobre la incidencia del covid-19 fue espectacular, al mismo tiempo que se establecían nuevos mecanismos de protección social, como los ertes o la cesación de actividad de los autónomos, para hacer frente a la crisis económica, mientras se enfrentaba la crisis sanitaria. 

Después de dos años de pandemia, podemos afirmar que las bajas laborales están jugando un papel clave en la mitigación de la pandemia, contribuyendo significativamente al cumplimiento de la cuarentena, cuando la persona que trabaja debe aislarse. La baja laboral justifica ante la empresa la ausencia temporal, y al haber sido considerada desde el inicio de la pandemia como un accidente de trabajo a efectos económicos recibirá el subsidio desde el día siguiente de la baja, aunque a efectos sanitarios se considera una baja por contingencia común, lo que supone que es su médico de cabecera quien la gestiona.

Además, para contribuir de manera más efectiva a la mitigación de la pandemia, el derecho a estas bajas se ha extendido a personas que son contactos estrechos de las personas infectadas. Es decir, no son aún ni infectados ni enfermos, pero su aislamiento puede contribuir a reducir los contagios. Esta situación de protección, para los que aún no sabemos si son enfermos, no estaba contemplada entre las causas que justifican una baja laboral, pero ya fue introducida cuando la epidemia de la gripe A (H1N1) de 2009-2010. 

Ahora, con la aparición de la variante ómicron, que se reproduce y se transmite con gran velocidad, junto a -no olvidemos- la mayor disponibilidad de pruebas diagnósticas, están incrementando exponencialmente la identificación de casos, y sus contactos, a los cuales se recomienda aislarse. En consecuencia, se está incrementando con la misma intensidad el número de bajas laborales, con la consiguiente repercusión en la actividad laboral, especialmente en enseñanza y salud, pero también el transporte, policías, etc., pero también saturando la atención primaria. 

Para evitar estos efectos no deseados, hay que modificar los criterios para la gestión de las bajas, sin poner en riesgo el seguro por incapacidad temporal. Por ejemplo, dando paso a la autodeclaración de la baja durante los primeros 7 días, como ya se está haciendo en algunas Comunidades Autónomas, y tal como se hace desde hace décadas en Inglaterra para cualquier patología, y que desde el pasado 10 de diciembre se ha ampliado hasta los 28 días; y solo se solicita un certificado médico si continúa necesitado la baja después de esos días. Un procedimiento que no parece haber hundido la economía inglesa, ni su Servicio Nacional de Salud. En este sentido, podemos asumir, al menos como hipótesis, que los trabajadores españoles son al menos tan honestos como los ingleses. 

Por otro lado, se puede recurrir a los médicos de los servicios de prevención para que gestionen las bajas y altas, al menos cuando los casos de covid-19 sean considerados enfermedad profesional, como es el caso de los sanitarios. Hay centenares de médicos especialistas en medicina del trabajo en los servicios de prevención de las empresas, con un papel marginal en la gestión de las bajas. Un recurso ocioso que seguro son ellos los primeros en querer dejar de serlo.

En definitiva, hemos de adaptar los criterios de acceso a la baja laboral a la dinámica de la pandemia, y en situaciones como las actuales con una incidencia tan elevada, en la que aproximadamente el 80% de los casos son asintomáticos, se puede dejar de recomendar la baja a los contactos, y solo recomendar la utilización estricta de las mascarillas, y ante los casos positivos asintomáticos vacunados reducir la duración de la baja. De hecho, hemos pasado de 14 días a 10 días, y actualmente a 7 días. Además, para aquellos casos que puedan teletrabajar, si son asintomáticos, no es necesaria la baja. Una realidad que se está produciendo en muchas empresas. 

Hay indicios para pensar que la pandemia está llegando a su fin, en gran medida por las vacunas, y en este final tan explosivo hemos de ser especialmente prudentes con los recursos sociales disponibles. La crisis que enfrentamos nos está ayudando a modernizar el sistema de protección social, ahora toca el de las incapacidades temporales.

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