Leyes para la universidad y la ciencia

El nuevo ministro de Universidades del Gobierno del Estado ha declarado que seguirá trabajando para redactar una nueva ley de universidades que había comenzado su predecesor. El Parlament de Catalunya avanza en el trámite de una ley de la Ciencia. En el Plan Anual Normativo para el año 2022 anunciado por el Gobierno del Estado se incluye una nueva ley de la Ciencia. Estas iniciativas deberían permitir, si los textos aciertan, que universidades e investigación, dos actividades siempre muy relacionadas, tomaran un nuevo empuje. Si además de leyes existen presupuestos adecuados, evidentemente.

El trámite de redacción de una nueva ley de Universidades ha sido interrumpido por la dimisión por motivos de salud del anterior ministro, Manuel Castells. Quien lo ha sustituido, Joan Subirats, es un profesor universitario que conoce a fondo la universidad española y catalana y sus carencias. Varios informes han pedido que se establezca un nuevo tipo de gobierno para las universidades que permita un funcionamiento menos rígido en la oferta de docencia y en el modo de contratación de su profesorado. Como ocurre a menudo en estos casos, el proyecto se encontrará en dos tendencias contradictorias, la de crear una normativa muy estricta o la de dejar autonomía a las universidades para que se adapten al entorno de cada una. La tendencia en Europa es más bien la segunda.

La ley que se discute en el Parlament de Catalunya debería proporcionar un marco en el que funcionen los centros y grupos de investigación que existen en Catalunya. La Generalitat gestiona las universidades y programas como ICREA para investigadores de alto nivel y un conjunto de centros de investigación incluidos en el llamado sistema CERCA. Estos sistemas han sido reconocidos como buenos ejemplos para evitar sistemas rígidos de gestión que no pueden responder a las necesidades de un sector que debe ser dinámico por definición. Sin embargo, hay elementos esenciales del sistema, como fondos para jóvenes investigadores y para financiar las actividades de investigación, que dependen de programas competitivos del Estado y de Europa. En algunos aspectos, el sistema estatal necesita una reestructuración, y esto se supone que es lo que debería tratar la nueva ley de la Ciencia del Estado. Es verdad que su contenido es por ahora desconocido y que ya estaba contemplada en los Planes Normativos del año pasado y del anterior.

El Ministerio de Investigación e Innovación del Estado tiene dos grandes actividades principales para financiar la investigación pública. Una es la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que financia proyectos y personal joven y que ha aumentado su presupuesto hasta más de 1.300 millones de euros, y la otra es el CSIC, que financia centros y personal fijo con un presupuesto de más de 1.100 millones de euros para 2022. En el presupuesto de la Generalitat para 2022 la partida para investigación es de unos 350 millones de euros. Ambas instituciones del Estado tienen sus estructuras en suspenso desde la anulación en 2015 de la ley de Agencias que las regulaba. La AEI, prevista en la ley de 2011, no se constituyó hasta el año 2015 y manteniendo las normativas administrativas esenciales del ministerio. El CSIC se encuentra desde 2015 sin cobertura legal propia y ha incorporado nuevos organismos de investigación, dejándolo con una estructura difícilmente operativa.

El nuevo ministro de Universidades definía el sistema político español de casi federal. Es probable que así sea, pero la coordinación entre los distintos niveles de actuación típica de los sistemas federales es –en investigación científica, en España– prácticamente inexistente. Los grupos de investigación de Catalunya dependen del Estado para su financiación. En Catalunya hay 13 centros del CSIC de los que siete son centros mixtos con universidades u otras instituciones que dependen de la Generalitat. Y la experiencia catalana (y vasca) de gestión de personal y centros es especialmente interesante. Todo parecería indicar que, en un momento en que se están definiendo las legislaciones de la investigación y las universidades en Catalunya y en España, habría campo para una tarea coordinada que aparentemente favorecería a las dos partes y a la ciencia que se realiza en Catalunya y en España. Por ahora no hay ninguna indicación de que las nuevas actuaciones vayan en esa dirección.

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