Un acuerdo clave para construir un nuevo contrato social

Mucho se ha escrito ya sobre el acuerdo de la reforma laboral pactada entre los agentes sociales y el Gobierno del Estado. Defensores y detractores a la construcción de un relato político en una cuestión que afecta a bases electorales amplias, millones de trabajadores y trabajadoras. 

Una cosa ha quedado clara, la importancia del factor trabajo sigue ocupando el centro del tablero político, y no por cuestión de olas mediáticas, sino porque es capital para el desarrollo de los modelos económicos y sociales y determinante para establecer los equilibrios entre la creación y el reparto de la riqueza.

Pero además del relato, quiero destacar medidas que cambian radicalmente el modelo laboral impuesto en la crisis de la gran depresión y que ha devaluado como nunca en la democracia las condiciones laborales en el país.

Se transforma profundamente el modelo de contratación, actuando para limitar los efectos de la temporalidad en un país que lleva décadas abusando de su uso fraudulento gracias a la laxitud en la determinación de las causas para justificar la temporalidad. Este acuerdo es más exigente con la justificación del contrato, reduce los modelos y duraciones de la temporalidad y mejora los derechos de contratos como el fijo discontinuo o el de formación. También es más exigente con el cumplimiento de la norma incrementando el carácter sancionador del fraude. Una apuesta clara para acabar con un mercado de trabajo anómalo en el entorno de la UE que tantas veces nos ha llamado la atención, sobre todo en los ciclos de crisis donde la destrucción de la ocupación en España era mucho más elevada que en el resto de países, debido a la alta temporalidad.

Se recupera poder de negociación para los trabajadores y trabajadoras, recuperando la ultractividad de los convenios acabando con la guillotina de la finalización de la vigencia de las condiciones pactadas, que ha supuesto en los últimos años un factor de presión a la baja en las condiciones laborales. También se recupera la prevalencia del convenio sectorial evitando la devaluación salarial con la creación de convenios de empresa 'fantasmas' y multiservicios que han precarizado por la subcontratación, y bajando salarios como en la última época en que los trabajadores han reducido su salario más de 6 puntos de media. La recuperación del poder adquisitivo además de un factor de justicia social es un instrumento para mejorar la demanda interna, equilibrar la balanza comercial e impulsar una recuperación económica más sólida y equilibrada, mejorando los ingresos de las administraciones publicas para hacer frente a los retos que la pandemia impone, como es la mejora de los servicios públicos.

Se establece una alternativa en los despidos, con la creación del mecanismo RED, un sistema de reducción y suspensión de jornadas en las empresas que se ven afectadas por transformaciones en sus sectores o por circunstancias cíclicas, que adapta las condiciones de apoyo que los ertes covid han tenido en la pandemia y que se han demostrado la mejor herramienta para mantener más de tres millones de puestos de trabajo.

En definitiva, un acuerdo que supone una profunda transformación del mercado de trabajo, que mira adelante encarando los cambios profundos que se están produciendo en el modelo productivo y ofrece una alternativa a la juventud en un mundo del trabajo con equilibrios y más poder sindical para fortalecer la cartera de derechos colectivos de la clase trabajadora.

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