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Caza de brujas lingüística

La mal llamada inmersión lingüística tiene los días contados. El ejecutivo de Pere Aragonès lo sabe, pero en lugar de construir un nuevo acuerdo social y político se atrinchera en una posición numantina

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Ana Losada.

Ana Losada. / Robert Ramos

Con el del Instituto Ramon Barbat de Vila-seca, ya van ocho los proyectos lingüísticos que en un año la justicia ha tumbado por no incluir el mínimo del 25% en castellano como lengua vehicular. En pocas semanas será el propio Govern quien tendrá que ejecutar la sentencia del TSJC en todos los centros educativos de Catalunya una vez que el Supremo no aceptó a finales de noviembre el recurso de la Generalitat. La mal llamada inmersión lingüística tiene los días contados. El ejecutivo de Pere Aragonès lo sabe, pero en lugar de construir un nuevo acuerdo social y político se atrinchera en una posición numantina y amenaza con llevar a cabo una caza de brujas contra los ciudadanos y las entidades que cuestionan el modelo monolingüe. Es una lástima porque el consenso aquí sería muy fácil. El Tribunal Constitucional aceptó en su día que el catalán -en aras de su normalización- fuese el centro de gravedad del sistema educativo, siempre y cuando el castellano no fuese excluido como lengua vehicular. Solo eso. La obstinación de los nacionalistas por un modelo de "solo en catalán" llevó a la justicia catalana a determinar ese porcentaje razonable del 25%. 

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La estrategia del Govern independentista consiste en tirar la piedra y esconder la mano. Quiere pasar el marrón a los inspectores, profesores y equipos directivos para que hagan insumisión y desobedezcan, prometiéndoles que les defenderán en base al principio legal de indemnidad, un principio que protege al funcionario frente a cualquier daño que sufra en el ejercicio de sus funciones. Pero que resulta inaplicable aquí porque un empleado público no puede desobedecer una sentencia judicial. La paranoia nacionalista presenta el mundo al revés en un acuerdo que el Ejecutivo catalán aprobó este martes.

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El cumplimiento de la legalidad se presenta como una afrenta ilegítima al catalán y se afirma que la Generalitat exigirá responsabilidades “por la vía correspondiente (penal, administrativa, o de cualquier otra naturaleza) contra las personas o entidades que ataquen a personas o colectivos por la defensa del catalán o en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, que el Govern no solo pide a los docentes que incumplan, engañándoles con una defensa imposible, sino que se pone ya en plan de amenazar a las familias que exijan el cumplimiento de la sentencia del TSJC si la Generalitat, como es previsible, se hace la remolona. Una amenaza que va directamente contra la heroica Asamblea por una Escuela Bilingüe y su portavoz, Ana Losada, entidad que prácticamente en solitario y con muy pocos medios ha logrado tumbar la inmersión.

Paradójicamente, en todos los centros donde el año pasado la justicia ha tumbado los proyectos lingüísticos monolingües, la resoluciones judiciales se han ido cumpliendo por orden del Govern, aunque sin llamar la atención, discretamente. En definitiva, una vez que la promesa de la independencia ni está ni se las espera, los procesistas de ERC quieren hacer de la guerra lingüística otro frente de batalla para excitar los ánimos de los que no atisban a ver la hipocresía y doblez del asunto.