Renovar el consenso sobre el catalán

El catalán, su pervivencia y fortaleza, vuelven a estar en el centro del debate político y no parece que el país esté en las mejores condiciones de afrontar algunos embates que la lengua está sufriendo. La utilización chapucera y espuria del catalán por la derecha , como estrategia de desgaste partidista del Gobierno español de coalición, circunstancia que tampoco es ninguna novedad en ella misma, pero siempre puede ser todavía más torpe, y una sentencia judicial que erige a los tribunales, de manera absurda y arbitraria, como prescriptores de métodos pedagógicos para facilitar el aprendizaje de las lenguas del país, son, por ahora, sus máximos exponentes. Pero hace tiempo que existía la preocupación por la caída en el uso social del catalán y la crónica escasa presencia del catalán en determinados ámbitos como la justicia o en la producción audiovisual. Y todo ello, acompañado por la constatación del escaso compromiso de las instituciones del Estado en la promoción y el apoyo del catalán, el vasco y el gallego.

Y he dicho que no estamos aquí en las mejores condiciones. De entrada, porque el arsenal de ideas de la generación de los Benet, Candel, Pujol, Raventós, Cahner, Mata, y que explican las políticas de los años 80 y 90 , llevan demasiados años sin una actualización poderosa y a fondo. Es una obviedad que el país que empieza transitar por la tercera década del siglo XXI no tiene nada que ver con el país que en los años 60 del siglo pasado afrontaba una nueva oleada migratoria bajo la dictadura franquista, donde el catalán había sido, y era todavía, objeto de persecución por las autoridades gubernamentales. Las ideas y actitudes 'candelianas', que hace unos días el presidente de la PIMEC, Antoni Cañete, reivindicó de manera brillante en la noche del premios de la patronal de las pequeñas y medianas empresas, fueron fundamentales para construir los grandes consensos de país. Una identidad catalana cívica, abierta a todos a los que quisieran formar parte, la centralidad del catalán como lengua propia del país y los instrumentos normalizadores de la escuela y los medios públicos de comunicación son sus exponentes más rotundos y también, por qué no decirlo, una historia de éxito.

Pero también es cierto que, en los últimos 20 años, las políticas públicas sobre el catalán fueron perdiendo vigor y centralidad… Justamente cuando el país afrontaba dos transformaciones tan estructurales y definidoras del tiempo que vivimos como las nuevas oleadas migratorias y la irrupción de Internet.  Seguramente, con la escuela y los medios públicos de comunicación ya hacía tiempo que no teníamos suficiente para continuar extendiendo el uso social de la lengua; y ciertamente, tanto la crisis que en Catalunya empieza a impactar a partir de 2010, como el proceso soberanista, centraron las prioridades en otras cuestiones. Incluso, con cierta frivolidad, algunos pusieron la independencia por delante del catalán mientras que, paradójicamente, el catalán se connotaba como nunca en términos ideológicos.

Necesitamos nuevas ideas y actitudes, con nuevos instrumentos, adecuados a la época actual, pero manteniendo lo esencial de un modelo de identidad cívica, de proyecto compartido por la inmensa mayoría, con el catalán como elemento articulador de la vida colectiva del país. Y necesitamos el máximo consenso del país alrededor de las políticas que tienen que permitir la extensión de su uso social. El futuro del catalán no lo podrán ganar solo los independentistas ni como una causa del independentismo. Se necesita que todas las tradiciones políticas que hicieron posible la inmersión y TV-3 estén presentes en los nuevos consensos, evitar el riesgo de 'comunitarización' identitaria y un renovado esfuerzo de políticas públicas con la implicación de la sociedad civil organizada.

Y claro, necesitamos mucha política de altos vuelos en Barcelona y Madrid. De entrada, para salvar las consecuencias de una sentencia dictada al amparo de una ley que fue derogada. Si se dijo que la ley Celáa blindaba la inmersión , en la medida que establecía que era la Generalitat quien tenía las competencias para establecer el régimen de lenguas de las escuelas, es muy obvio que no pueden ser los tribunales los que entren en el detalle de la regulación concreta de la materia, fijando un porcentaje general y arbitrario en todas partes. La política tendrá que encontrar las vías para garantizar el respeto de estas competencias de la Generalitat.

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