Unas restricciones anunciadas

La Generalitat ha sido el primer Gobierno autonómico que ha implantado medidas severas para frenar la pandemia en esta sexta ola, ante la gran velocidad de propagación de la variante ómicron en los últimos días. A la espera de lo que suceda en la reunión de los presidentes autonómicos con el Gobierno central, convocada hoy, la Generalitat, en función del informe del Comitè Científic Assesor de la Covid-19 y del organismo Procicat, ha aprobado unas medidas para una situación que el ‘president’, Pere Aragonès, califica como «crítica». Conviene destacar que, esta vez, los consejos de los científicos expertos se han hecho públicos y que el Govern ha dado un paso adelante a partir de sus resoluciones, algunas de las cuales (como la previsión de un confinamiento total de corta duración, como ha ocurrido en los Países Bajos) no han entrado por ahora en una lista de disposiciones que el mismo ejecutivo ha calificado de «necesarias, imprescindibles y razonables» a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en relación a la restricción de derechos fundamentales como la implantación del toque de queda o la limitación de las reuniones familiares. 

Las medidas de la Generalitat tienen también un componente político, porque Aragonès ha declarado que exigirán al Gobierno que otros territorios también las tomen, en una referencia a la falta de acuerdo en el ámbito estatal y a la posibilidad que determinadas regiones, como es el caso de Madrid, se nieguen a medidas similares. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha respondido que no piensa aplicar las mismas restricciones en toda España, porque no lo ve necesario y porque no tiene competencias para ello. Es preciso recordar que, en la actualidad, la responsabilidad de estas acciones recae sobre las comunidades y que el paraguas con que el Gobierno hizo frente a las primeras olas se fundamentaba en unos decretos posteriormente anulados por el Tribunal Constitucional. Aunque las distintas respuestas de los ejecutivos autonómicos pueden causar cierto desconcierto, así como cuando hay resoluciones judiciales contradictorias, la situación epidemiológica en cada comunidad es distinta, y lo que en un lugar con una muy elevada incidencia está justificado puede serlo menos en otro con menor afectación. La diversidad de medidas en los distintos territorios no tiene por qué ser negativa si se basa en argumentos sólidos. Cosa muy distinta es convertir este asunto en un motivo más de refriega política con el único objetivo de desgastar al adversario, o de evitar adoptar medidas impopulares a las puertas de la Navidad.

Si a primeros de mes, la incidencia acumulada a 14 días era de 248 y el viernes pasado España estaba en 511, este lunes se llegó a los 609, en un avance inusitado de la pandemia que, en Catalunya, ha crecido en cuanto a infectados en un 100% en solo una semana. La transmisión ya es comunitaria, no controlada y sostenida, lo cual repercute en la tensión hospitalaria, aunque, gracias a la campaña de vacunación, no se llegan a las cifras de defunciones o de ingresos en las ucis de hace un año. Los datos corroboran, por tanto, la necesidad de adoptar nuevas restricciones en Catalunya. Ha habido críticas, lógicas, de los sectores más afectados, como la restauración y el ocio nocturno. Llegan a este punto muy desgastados y no sería justo volver a cargar sobre ellos el gran peso de frenar la pandemia sin ofrecer compensaciones. Es por eso que la introducción de medidas económicas que palien la crisis es urgente, como lo fueron en su día las provenientes del fondo covid. También es necesario que la población, una vez más, en unos momentos de cansancio colectivo después de casi dos años de pandemia, tome conciencia de la gravedad y aporte su responsabilidad individual para parar esta ola.