Mesa de diálogo

Gambito de referéndum

Reconocidos los dos gobiernos como interlocutores, se augura un escenario de gran complejidad estratégica por razón de lo que se jugará

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente del la Generalitat, Pere Aragonès.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente del la Generalitat, Pere Aragonès. / EP

Joan Tardà

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Pedro Sánchez siempre se negó a reconocer la existencia de un conflicto político entre el Reino de España y Catalunya. Cada vez que los representantes de ERC se lo argumentaban desde el atril, respondía negándolo y reprochándolos usar siempre el mismo discurso. Pretendía, no obstante, que se ignorara que él también, a la vez, utilizaba el mismo argumento: “Lo que existe, en Catalunya, es solo un conflicto de convivencia entre catalanes”. De hecho, había preferido convocar unas elecciones en abril de 2019 antes de que reconocer el conflicto y la imperiosa necesidad de establecer un diálogo/negociación. Hay que recordar, en este sentido, que el PSOE rechazó incluso la propuesta de Carmen Calvo de introducir un “relator” (a raíz de la condición republicana de presencia de un mediador a cambio de aprobar los Presupuestos) en las posteriores reuniones que se tenían que celebrar para dar continuidad a la primera mesa de diálogo celebrada entre los gobiernos de Torra y Sánchez en el palacio de Pedralbes en diciembre de 2018. Encuentro que provocó una revuelta en el grupo parlamentario socialista, el grito a somatén de Felipe González y de Alfonso Guerra porque en el comunicado conjunto posterior a la reunión se afirmaba querer avanzar hacia una solución bajo el paraguas de la seguridad jurídica sin hacer mención específica al texto constitucional. La convocatoria de la manifestación de Colón por parte del trío Casado-Rivera-Abascal hizo el resto.

Transcurridos unos años, la resiliencia del independentismo al consolidar una hegemonía en el Parlamento y la capacidad de determinar mayorías en el Congreso obligaron al Gobierno español a cambiar el rumbo verso hacia la realidad y asumir explorar un nuevo escenario de negociación bilateral entre gobiernos para hacer posible una salida al “conflicto”, ya reconocido como tal. Hay que decir que el PSOE aterrizó arrastrando los pies y el republicanismo catalán dejándose la piel, en soledad, atendiendo a la escasa o nula implicación de Junts per Catalunya y CUP. 

Reconocidos los dos gobiernos como interlocutores, se augura un escenario de gran complejidad estratégica por razón de lo que se jugará. Pero se trata de unos objetivos abarcables. ERC ha puesto el cuello y ha engrasado los cojinetes: implicación en la gobernabilidad en Madrid (Presupuestos, básicamente, más allá de no trabas a la investidura). Y el Gobierno español, con el activo de unas mínimas medidas de gracia y con un reconocimiento (hecho con boca demasiado pequeña) de que no es posible convertir la mesa de diálogo en un órgano donde incluir las cuestiones (Rodalies, becas, inversiones...) reservadas a la comisión bilateral presente por mandato estatutario. 

Pere Aragonès ha liderado un inicio de partida limpio: desjudicialización y urnas. Una apertura que despierta la expectación sobre cuál será el movimiento de apertura del Gobierno español cuando se celebre la segunda reunión de la mesa de diálogo dentro de unos meses. ¿Recuperación de las competencias estatutarias laminadas por el TC, ofrecimiento de un nuevo texto estatutario, pacto fiscal...?

El republicanismo con tal de ganar una buena posición ha sido capaz de sacrificar escenarios de comodidad y ha situado la acción política en pro de la construcción de una solución democrática del conflicto en la columna de las prioridades. A campo abierto, a la intemperie, a pesar del 'fuego amigo' proveniente de un sector del independentismo que ha optado por creer a manera de quimera que es posible la victoria escondido en las trincheras. 

Habrá que ver cómo evoluciona el escenario, a pesar de que la mera existencia de una negociación bilateral de este tipo obligará al Ejecutivo español a demostrar la credibilidad de un discurso hecho fuera de las fronteras estatales por parte del presidente Sánchez basado en la idea de que él y los suyos son diferentes del PP. En todo caso, no podrá evitar, que desjudicialización se asocie también a amnistía y que la palabra 'urnas' se convierta en sinónimo de referéndum, concepto compartido como central por las partes. Claro está, para unos tiene que ser de autodeterminación y para los otros de ratificación de los acuerdos. 

Cuando todo el mundo haya llevado a cabo su apertura habrá llegado el momento de comprobar la ambición y el compromiso de cada cual para construir una solución democrática. Lejos quedará, sin embargo, haber negado el conflicto entre el Reino de España y Catalunya y más cerca estaremos de validar en las urnas una solución que contemple las aspiraciones de los catalanes independentistas y la de los catalanes que no lo son.

Siempre y cuando el Gobierno español no renuncie a jugar la partida y prefiera optar por el haraquiri de la incomparecencia.

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