La utilidad del catalanismo

Democracia y autonomía son las dos ideas fundadoras del pacto de la Transición. El catalanismo participó de forma destacada en ese proceso e hizo una contribución sustantiva a la cultura política española con la idea de autogobierno para todos los pueblos de España. En efecto, la autonomía que se reivindicaba -junto a la libertad y la amnistía- jamás se entendió como algo exclusivo para las nacionalidades históricas, una denominación vaga que, aunque la Constitución no especifica a quién se refiere, todo el mundo sobreentendió entonces que hacía referencia a aquellos territorios que en tiempos de la Segunda República promulgaron estatutos (Catalunya, País Vasco y Galicia) y que además tenían una identidad singular, diferente de la España de matriz castellana. Tampoco se puede afirmar que en 1978 hubiera una voluntad de diferenciar competencialmente las nacionalidades de las regiones, ni que este fuera un deseo de los partidos catalanistas. Tanto el PSC, que ganó todas las elecciones hasta las primeras autonómicas de 1980, como el PSUC, que era la segunda fuerza, eran favorables a repetir la fórmula republicana que, si el resultado de la guerra civil hubiera sido otro, habría acabando dibujando un mapa de catorce autonomías. Incluso Miquel Roca, que representaba en los debates constitucionales a Minoría Catalana, dejó claro que el término 'nacionalidades' era una autodenominación que las comunidades autónomas podían darse, pero sin un plus adicional de competencias. En realidad, lo importante del término nacionalidades era la interpretación de España como una nación de naciones. El propio Roca aludió a “la realidad plurinacional de la nación española”. Y el comunista Jordi Solé Tura, otro catalán padre de la Constitución, afirmó que “España no es una invención, un artificio, sino una realidad histórica que se ha organizado políticamente mal y queremos organizar políticamente mejor”. 

La idea de que el acceso al autogobierno no iba a ser algo exclusivo para esos tres territorios se llevó incluso a los carteles que hizo la Generalitat presidida por Josep Tarradellas para incentivar la participación en el referéndum de 1979 del Estatut catalán: “Votar la autonomía de Catalunya es votar las otras autonomías”. Por tanto, en la propuesta catalanista de la Transición latía una carga federal indudable, cuyo mejor portavoz fue Solé Tura, que propuso escribirlo en la Constitución. Sin embargo, el modelo territorial se dejó inacabado, a la derecha le daba miedo la etiqueta federal por viejas razones históricas, y la organización autonómica del Estado quedó abierta con el argumento de que no se sabía muy bien cuándo se completaría del todo. Fue un error que sin duda estamos pagando muy caro. Por un lado, el consenso a favor de una mínima reforma constitucional cada vez se ha ido alejando más. Y, por otro, muy pronto hubo una acción persistente desde el nacionalismo pujolista para extender la idea de fracaso y de ruptura sentimental con el resto de España, bajo la idea de que la Transición fue un engaño porque a Catalunya la igualaron con las otras autonomías. Sobre esa lectura de base, que posteriormente episodios como la desgraciada reforma del Estatut de 2006 agravaron, se cimentó el paso al soberanismo separatista del nacionalismo a partir de 2012.

Pues bien, pese a que todas las palabras en política están ya muy gastadas, me parece útil reivindicar ese catalanismo de la Transición, socialmente progresista, que tiene un proyecto en una doble dirección, dentro de Catalunya, con la aceptación desacomplejada de su diversidad interna, y para el conjunto de España, con una propuesta de modelo federal que va a la par con el proceso de integración de la Unión Europea. Pero para que ese catalanismo hispanista y europeísta sea útil tiene que ser valiente y combatir al nacionalismo secesionista, que difunde una visión falsa de nuestra historia reciente y que habla de algunos consensos que no fueron tales. Por ejemplo, el de la escuela "solo en catalán". En la ley de normalización lingüística de 1983 no existía la mal llamada inmersión. La imposición del monolingüismo fue posterior, resultado de la hegemonía nacionalista a finales de los noventa, que contaminó también a la izquierda, pero que nada tiene que ver con el catalanismo exitoso de la Transición.  

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