Bases para un nuevo consenso lingüístico

Una vez más la lengua en la escuela catalana vuelve a ser objeto de debate político. Eso no sería un problema si no fuera por quienes pretenden utilizarla como arma arrojadiza en lugar de como herramienta de convivencia. La reiteración de estos brotes hace pensar que es necesario generar de nuevo consenso político y social en esta materia. Y para forjarlo hay que sentar unas bases que lo hagan posible. Este debate es ya inaplazable.

El primer fundamento de este consenso es aceptar que nadie puede ser señalado, como lo ha sido un alumno de Canet, por defender sus derechos individuales y por hacerlo ante la justicia. Esa es una línea que no se debe franquear porque pone en riesgo el bien más preciado que es el de la convivencia y el respeto. Y menos se debe permitir que se haga con la connivencia de las instituciones.

El segundo fundamento es que la existencia de un amplio consenso sobre el modelo lingüístico como el que ha habido y como el que se debe reconstruir no exime a los poderes públicos de atender a quienes no lo asuman o bien expongan situaciones particulares para que no reciban como única respuesta la regla de la mayoría.

El tercer fundamento es reconocer y clarificar que la Generalitat de Catalunya es la administración educativa competente dentro del marco constitucional y de acuerdo con la legislación básica aplicable. No se puede cuestionar esa autoridad simplemente por disentir se sus planteamientos de igual manera que no se pueden incumplir las sentencias desde la Generalitat y menos cuando se dispone de mayorías para cambiar las leyes. 

El cuarto fundamento es determinar si los objetivos de la inmersión lingüística siguen vigentes: asegurar la competencia en las dos lenguas al final de la educación obligatoria y tener un sistema educativo único que no segregue a los alumnos lingüísticamente. Pensamos que sí que lo siguen.

El quinto fundamento es entender que el devenir de las lenguas es dinámico y no estático. Hace 40 años, la situación de la lengua catalana, su subsistencia, estaba amenazada fruto de la prohibición que había sufrido en la administración, en la escuela y en los medios de comunicación públicos. Esa desventaja todos entendimos, habláramos la lengua que habláramos, que era necesario revertirla. Hoy, el catalán es una lengua oficial, cierto que en un entorno bilingüe, y su uso depende de su conocimiento, que está asegurado en la escuela, y de muchos otros factores, la mayoría ya no derivados solo de la legislación sino también de la dinámica social. Que una parte de la política española no defienda el catalán, o el euskera o el gallego, como una lengua propia no debe tener como venganza que no se respete el derecho de los ciudadanos en Catalunya a hablar en la lengua que quieran, y la obligación de atenderlos en ella.

El sexto y último fundamento es confiar en la escuela, en que los maestros con sus planes educativos de centro adaptarán los principios generales a la realidad de cada escuela y de cada aula, respetando el consenso político y social y las necesidades individuales. Ni en la lengua ni en ningún otra materia hay que dar la razón a quienes plantean la llamada guerra cultural para suplantar el consenso por la imposición. Ni tampoco hay que pensar que la inmersión lingüística tenga que ser igual ahora que hace 40 años. Si se comparten los fundamentos que no hay que cambiar dejarán de ser necesarias tanto las manifestaciones reivindicativas como las reclamaciones judiciales, por mucho que ambas sean legítimas.