Financiación autonómica: más de lo mismo

El Gobierno español acaba de mover ficha para un nuevo sistema de financiación autonómica, caducado desde hace siete años. La propuesta presentada, y que tiene que incidir en el supuesto nuevo sistema, se elabora de momento en torno al concepto de población y despoblación y de las necesidades de gasto de las CC.AA. Y así profundiza, en mi opinión, en las confusiones que rodean a la financiación autonómica. Esto es lo que el propio director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha denominado como un 'pequeño Frankenstein'. Este engendro proviene del juego de diferentes fondos y subfondos, que tienen vida propia y evolución errática, de forma que el resultado es hijo de muchas madres y no permite reconocer ninguna pauta robusta para aquello engendrado. Ahora, desde el mantenimiento de la unidad del régimen común, incapaz de aceptar un mínimo de diversidad autonómica con la excepción de los vascos, que ante todas las embestidas preservan sus privilegios, se 'inventa' un nuevo indicador. La población ajustada con variantes múltiples. Nótese que, al contrario de lo que algunos dicen, no se trata de una estimación refinada que hace la administración central de las necesidades de gasto de cada Comunidad. Simplemente, fija un nuevo criterio de reparto, sea cual sea la cantidad de recursos que el Gobierno central quiera distribuir en favor de las CC.AA. sobre base poblacional, que no tiene que ver con las necesidades de gasto autonómico. Tampoco es la población ajustada un indicador mejorado del coste relativo de proveer un mismo servicio (y menos todavía ‘uniforme’) sobre el territorio. En el mejor de los casos, será un indicador de la presión de la demanda que ejerce la población teórica, y no la real o efectiva. Ningún referente se tiene en cuenta, desde la oferta, de cuánto cuesta un mismo servicio sobre la geografía, dados sus precios relativos, y no hay ninguna noticia sobre mejorar la responsabilidad fiscal. Incluso en el supuesto que el esfuerzo de mostrar datos y manejo estadístico valiera como solución al intríngulis en que se encuentra la financiación territorial, justo es decir que todos, repito, todos los ajustes propuestos son discutibles. Ya verán, en la medida en que se conozcan sus efectos en los recursos de cada Comunidad, cómo saldrán expertos 'de bandera' con alegaciones que atacarán ya sea el cálculo, las ponderaciones o las definiciones de las variables, reclamando nuevos compromisos para preservar el 'statu quo'. Un viaje para no llegar a ninguna parte.

Fedea ya se ha pronunciado, de hecho, contra el ajuste por el supuesto coste fijo de suministrar los servicios públicos, que se hace variable por tramos, o contra la corrección por despoblamiento territorial, por discrecional y arbitraria. Es sabido que en este esfuerzo de disfraz de la decisión estatal con criterios ‘técnicos’ se junta la imprecisión de los conceptos (el despoblamiento, qué sesgo de gasto genera?; ¿y la sobrepoblación?), la dificultad de encontrar variables que capturen aspectos que tienen muchas dimensiones (la superficie, la ruralidad, la densidad), para referirlas a la población estratificada por tramos discontinuos (¿alguien se cree que, hasta los 74 años, es una ‘necesidad’ y a los 75 es otra diferente?). Incluso aceptando esto, se mantiene la necesidad de ponderar estas variables estandarizándolas en cada servicio (¿qué contaremos aquí, la utilización observada o la deseable?), para combinarlas con ámbitos de necesidad de otras prestaciones (como si se pudiera segmentar, por ejemplo, la atención sanitaria y la social), a partir siempre del gasto observado como si fuera este óptimo (¿queremos mantener la atención primaria en el 14% del gasto sanitario total?). De todo ello resulta una combinación inseparable de modelos e hipótesis (hasta seis se concretan en materia de educación superior), y todo esto con unos resultados que, incluso en el supuesto de que ajusten las cifras globales deseadas por el Estado en base a inyectar más recursos, permanecen susceptibles de una evolución futura suficiente impredecible (por ejemplo, en los tratamientos a la gente mayor).

Si tuviera que decir, en clave catalana, algo positivo del documento del ‘Comité Técnico Permanente’, que ha repartido la ministra Montero para los que pensamos en modelos asimétricos alternativos, comentaría ahora que el follón de lo que se propone es tan grande que hace menos factible y razonable que el catalanismo más moderado pueda tragárselo. El Ministerio cava y hurga así en su propio agujero que hace más imposible todavía, por poco robusta, la solución uniformizadora a la cual parece aspirar, y aleja la propuesta de lo que tendría que ser parte de un acuerdo con la disidencia independentista.

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