La escuela de Canet y la convivencia

Ante situaciones que pueden desembocar, por intereses espurios, por ocultas intenciones políticas, en un grave deterioro de la convivencia, debemos tener presente tanto el proceso histórico vivido hasta ahora como las circunstancias reales en las que se encuentra el sistema educativo en Catalunya. Conviene recordar que el proceso de normalización lingüística a favor del catalán se inicia en la Transición y culmina en un sistema de inmersión aprobado por un consenso mayoritario, que procuraba dar impulso a la lengua propia del país sin menoscabo del castellano, con el objetivo que, al acabar la etapa de educación obligatoria, los alumnos tuvieran una plena competencia en ambas lenguas. Este proceso, vivido con normalidad a lo largo de los años, se truncó a raíz de la sentencia contra el Estatut, en un recurso interpuesto por el PP con su campaña en contra, emitida por el Tribunal Constitucional en 2010, que consideraba al castellano también como lengua vehicular en la escuela, sin especificar un porcentaje que, posteriormente, con las sentencias, los recursos y las resoluciones de distintos tribunales, se ha establecido de manera global en el 25%, aplicable a todos los centros catalanes. 

De aquellos polvos, estos lodos. Sin menoscabar el derecho individual de las familias y teniendo como premisa que la convivencia es el valor más importante y al que deben dedicarse todos los esfuerzos institucionales, lo cierto es que solo se han dado, en estos últimos diez años, 80 reclamaciones, en un contexto general de amplia aceptación de la legislación lingüística catalana. Han intervenido, en este proceso, fuerzas políticas que han usado la lengua vehicular como campo de batalla y se han dado, también, injerencias del poder judicial, sin ningún tipo de consideraciones pedagógicas. 

El PP equipara la situación desatada en Canet de Mar con la Alemania nazi

Y llegamos al caso de la escuela Turó del Drac, de Canet de Mar. El TSJC adopta medidas cautelares en las que se ordena al centro la impartición del 25% de las clases en castellano y, a partir de aquí, se entra en una dinámica de confrontación cuyas únicas víctimas son los alumnos, sus familias y el contexto escolar en el que se mueven. No es de recibo que la justicia haga recaer el peso de la ley sobre un centro en concreto y sobre sus responsables, y más después de que el Supremo desestimara en noviembre el recurso de casación de la Generalitat. Este es un problema que debe solucionarse a nivel general del sistema, con las medidas oportunas que establezca la administración educativa. De lo contrario, ocurre lo que está sucediendo en Canet, un episodio en el que debe combatirse cualquier tipo de amenaza o coacción, por pequeña que sea, y en el que ha de relucir la voluntad de convivencia en paz, sin exageraciones ni maniobras políticas desmesuradas. Más aún, cuando estamos hablando de menores. La ley debe garantizar el conocimiento de ambas lenguas a partir de un proyecto pedagógico que asegure que tal cosa es posible en el contexto real de cada centro, teniendo en cuenta que todo ello pasa por un papel central de la lengua catalana sin que ello signifique un arrinconamiento de la otra lengua oficial del territorio. El papel de las administraciones y de los actores políticos no es el de envenenar la situación sino el de facilitar el proceso educativo civilizado a partir de consensos y sin tener que entrar en una casuística concreta, que solo puede proporcionar un malestar que no es real ni global en la sociedad catalana.