Aniversario de la Carta Magna Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

¿Constitución obsoleta?

Una ojeada rápida hacia estos años transcurridos y la alternancia entre gobiernos de derechas y de izquierdas ilustran claramente la eficacia del texto constitucional y la posibilidad de interpretarlo de maneras muy diversas

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Celebración del 43º aniversario de la Constitución, en la imagen Pedro Sanchez y Meritxell Batet.

Celebración del 43º aniversario de la Constitución, en la imagen Pedro Sanchez y Meritxell Batet. / David Castro

El día 6 de diciembre se cumplieron 43 años de la aprobación de la Constitución española que puso fin al régimen franquista y a su dictadura. El referéndum celebrado, obviamente, en toda España gozó de una amplia participación en todas partes, excepto en el País Vasco, donde votó menos de la mitad de la población. Catalunya superó el sesenta por ciento de votantes y valoró muy positivamente el nuevo marco jurídico. La Constitución, elaborada por consenso entre las diversas fuerzas parlamentarias, no respondía a las aspiraciones específicas de ningún partido sino a las cesiones respectivas, con el fin de llegar a una propuesta común. Además, y teniendo en cuenta la historia constitucional española del siglo XIX, todos los ponentes se esforzaron para redactar un texto que admitiera diversas interpretaciones, más de derechas o más de izquierdas, en función de las mayorías parlamentarias que se fueran produciendo en cada elección.

Para la inmensa mayoría de catalanes la Carta Magna del año 1978 fue un gran motivo de satisfacción y de expectativas, no sólo en el ámbito general de derechos y libertades sino, y muy especialmente, por la gran innovación que suponía la descentralización y el nuevo Estado de las autonomías. Se abría paso, pues, a la elaboración de un Estatuto de Autonomía que debería fijar la normativa singular de Catalunya. Tampoco podemos olvidar que entre los siete ponentes constitucionales había dos catalanes, Miquel Roca Junyent y Jordi Solé Tura, el primero de Convergència y el segundo del PSUC, uno de derechas y uno de izquierdas. Ambos desempeñaron un gran papel en la ponencia constitucional y en el proceso de explicación y difusión de los contenidos de la nueva norma, de manera que incrementaron la valoración positiva del nuevo marco jurídico que se acababa de abrir.

Una ojeada rápida hacia estos 40 años transcurridos y la alternancia entre gobiernos de derechas y de izquierdas, con o sin mayorías absolutas, ilustran claramente la eficacia del texto constitucional y la posibilidad de interpretarlo de maneras muy diversas e, incluso, opuestas. Igualmente ha hecho posible la redacción de los estatutos de autonomía de cada Comunidad Autónoma y su revisión con nueva redacción. No se ha hecho ninguna modificación de la Carta Magna salvo la adaptación a la normativa europea, que gozó de la lectura única y la aprobación unánime de las Cortes Generales.

Hoy, sin embargo, la situación ha cambiado y ya hace un cierto tiempo que diversas fuerzas políticas manifiestan la necesidad de introducir modificaciones en el texto del año 1978 en temas como el medio ambiente, el feminismo, la estructura del Estado, algunos derechos y libertades y, haciendo previamente un referéndum, la sustitución de la monarquía por la república. Dado que la reforma constitucional requiere una mayoría de tres cuartas partes y que no hay acuerdo posible entre las fuerzas parlamentarias con más escaños, algunas de las cuales ni se hablan, no se ve viable de momento esta reforma.

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En Catalunya la situación ofrece otra perspectiva que aún envuelve más la maraña: la dinámica del 'procés' y la reclamación de la independencia imposibilitan ningún tipo de reforma constitucional. El mismo día seis, el 'president' de la Generalitat declaró: "Catalunya no tiene nada que celebrar". "El Govern no quiere ninguna reforma de la Constitución española, lo que quiere es una Constitución catalana y culminar con éxito el proceso de independencia", declaraciones donde también afirma que es obsoleta, por no representar los intereses de la ciudadanía catalana y ser incompatible con la voluntad de futuro del pueblo catalán. Gracias a la Constitución española existen la autonomía catalana, su Estatuto y sus instituciones, pero el 'president' de la Generalitat, representante del Estado en Catalunya, quiere desentenderse de la norma que legitima su cargo, la considera obsoleta y se niega a reformarla. Al mismo tiempo, sin embargo, dialoga y negocia con el Gobierno del Estado, ayudará a aprobar los Presupuestos Generales habiendo logrado la negociación de los suyos y la previsible aprobación y mantendrá la mesa de diálogo intergubernamental, con el fin de encontrar una salida al conflicto secesionista catalán. También es necesario que dedique muchos esfuerzos a recuperar la sintonía entre los miembros del Govern catalán y a ejercer su programa de gobierno, actualmente muy paralizado. Hace falta acción y no confrontación.