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¿Derogar la de Rajoy?

Pedro Sánchez prometió cambiar la reforma laboral, pero ahora se está creando mucho empleo

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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. / Europa Press

Siempre se pensó que pactar la reforma laboral antes de acabar 2021, como exige el acuerdo con Bruselas sobre los fondos europeos, no sería una asignatura fácil. Y hace poco el choque entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Trabajo), y la primera, Nadia Calviño (Economía), reveló la gran división del Gobierno. 

Hasta entonces Yolanda Díaz, a la que algunos llaman ‘la fashionaria’, por el glamur de sus conjuntos y ser del partido de La Pasionaria, había avanzado bastante con UGT y CCOO y menos con los empresarios. Pedro Sánchez apañó como pudo el conflicto de sus vicepresidentas, pero el problema de fondo sigue vivo. El Gobierno es prisionero de su promesa -anterior a la pandemia- de derogar la reforma de 2012 de Mariano Rajoy, pero los empresarios y muchos economistas -además de Bruselas- saben que lo que ahora conviene es corregir los “aspectos más lesivos” de aquella reforma, y atender algunas demandas sindicales, pero sin quitar la imprescindible flexibilidad que es al mercado del trabajo lo que la medida sal a un buen guiso. 

Está claro que los convenios de empresa permiten adaptarse mejor a la coyuntura porque la vida de las empresas depende más de la cuenta de resultados individual que del sector en el que operan. Y que los acuerdos con las mayoritarias CCOO y UGT serían más que convenientes. ¿Cómo cambiar la reforma de Rajoy sin perjudicar la flexibilidad? ¿Cómo reducir la excesiva temporalidad sin dañar al turismo, la agricultura o incluso las actividades de fin de semana? No hay soluciones fáciles y los sindicatos, que quieren aumentar su influencia, se resisten a la marcha atrás en lo negociado con la ministra de Trabajo. E incluso prometido por el propio Sánchez que en el último congreso del PSOE todavía habló más de “derogar” que de “modernizar” (el mercado laboral).

Y Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, ha declarado al ‘Financial Times’, diario de lectura obligada en la Comisión de Bruselas, que la patronal no quiere firmar algo que ponga en peligro la competitividad de las empresas. Garamendi pone el dedo en la llaga cuando, tras firmar 12 acuerdos con el Gobierno y los sindicatos (pero no la subida de las cotizaciones sociales) dice que “en el tiempo que queda, 20 días de diciembre, lograr un acuerdo de mínimos sería mucho más productivo que acabar en un máximo desacuerdo”. Es decir, la ruptura. ¿Un arreglo parcial y dejar el resto para negociaciones ulteriores? Quizás, pero Unai Sordo (CCOO) ya ha dicho que los sindicatos contestarían con “protestas de alto voltaje en las calles”. 

Garamendi pone condiciones, la negociación no avanza, el plazo acaba a final de año y el Gobierno no quiere morir en el intento

Y el Gobierno no lo tiene fácil. Los datos de noviembre indican que, pese a que la economía crece menos de lo prometido por Calviño (4,5% este año, según la OCDE), la creación de empleo es muy satisfactoria. El paro lleva nueve meses bajando y este noviembre ha sido el mejor desde la crisis de 2008. Y ya hay 19,75 millones de trabajadores en la Seguridad Social, cuando antes de la pandemia eran 19,16 millones y los afectados por los ertes son solo 125.000. El Gobierno saca pecho y proclama que el empleo se ha recuperado con gran rapidez.

Cierto, pero ha dicho Lorenzo Amor, presidente de los autónomos, e incluso antes (en los encuentros de S’Agaró) la empresaria hotelera Anna Balletbò, con carnet socialista de toda la vida, que esta recuperación se está haciendo con la actual normativa laboral, la de Rajoy. Es posible mejorarla, pero ¿es prudente derogarla contra los empresarios y con el riesgo de que los inconvenientes superen a las ventajas?

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El mercado laboral es clave y debe abordarse más con pragmatismo que con esquemas ideológicos. Keynes decía que cambiaba de ideas cuando variaban las circunstancias. Pero a este Gobierno le cuesta liberarse de los dogmas o las promesas electorales. 

Felipe González ganó las elecciones del 82 por la implosión de la UCD y porque le quitó a Carrillo la bandera de salir de la OTAN. Pero luego supo rebobinar y convocó un referéndum -que ganó por los pelos- para quedarse en la Alianza Atlántica. El problema de Pedro Sánchez es que Yolanda Díaz no es Alfonso Guerra (que cubrió el referéndum desde el ala izquierda), ni es del PSOE, sino del PCE. Y no tiene la experiencia de Santiago Carrillo, que vestía algo peor.