Sinhogarismo, presupuestos y aporofobia

Cuatro personas mueren en un incendio en un local ocupado de la plaza Tetuan de Barcelona, informaba EL PERIÓDICO el pasado martes. Dos eran menores. Un niño de tres años y su hermana de cuatro meses. Vivían privados de los derechos más básicos, como otros 209 niños y niñas y 656 personas adultas que malviven en naves o infraviviendas de la capital catalana. La muerte es el rostro más duro del sinhogarismo, un proceso de vulneración de derechos que se inicia cuando se priva a una persona de la vivienda y que continúa con otros derechos como el acceso a la salud, al trabajo, a la integridad física o a vivir en sociedad. 

El 14 de noviembre se informaba también, desde estas páginas, que dos personas sin techo se habían salvado de milagro en un incendio provocado en su tienda. Cuesta entender qué mueve a una persona a quemar viva a otra que no conoce, pero para las personas que duermen en la calle es una amenaza constante. Durante el confinamiento, cuatro fueron asesinadas mientras dormían y todos recordamos las imágenes de tres jóvenes prendiendo fuego a Rosario Endrinal en un cajero. 

La muerte a manos de un desconocido o por las condiciones de extrema precariedad es un riesgo constante para las personas sinhogar, a la que una parte de la sociedad no solo responsabiliza de su situación, también agrede. Un 47% de las personas que duermen en la calle reconoce haber sufrido delitos de odio, como insultos o golpes, que el 85% no denuncia por miedo a las represalias o por las barreras de un sistema que no da respuestas. 

En su libro 'Aporofobia, el rechazo al pobre', Adela Cortina, constata el peligro de ver a estas personas como responsables de su situación y alerta sobre la necesidad de abordar políticas públicas que contemplen no solo la prevención y el rescate sino también la protección frente al odio. Hay que combatir, nos dice, los discursos que estigmatizan a un colectivo que es víctima de procesos estructurales de los cuales somos responsables como sociedad. Esta semana hemos visto cómo, a raíz de la tragedia de la plaza Tetuan, algunos ponían el foco en los peligros de la ocupación y no en las consecuencias del sinhogarismo. 

A pesar de que el número de personas sin techo se ha duplicado en la última década, Catalunya ha hecho muy poco para abordar esta problemática. No existe un censo ni un mapa de recursos. El sinhogarismo sigue siendo invisible en los presupuestos y en las políticas públicas de la Generalitat que, como con otras problemáticas sociales, ha delegado su responsabilidad en las entidades privadas y en los ayuntamientos, principalmente en el de Barcelona, que dedica 35 millones de euros anuales para atender a estas personas. Solo desde hace dos años la Generalitat aporta 100.000 euros a estos programas, pero sigue sin invertir en lo más importante que es de su competencia: políticas activas de vivienda pública y de acompañamiento. 

En los presupuestos que han ingresado en el Parlament es imposible encontrar una partida concreta para combatir el sinhogarismo, que permanece tan invisible que la palabra ni siquiera aparece en el documento de 100 páginas que han elaborado para explicarlos.

Catalunya necesita políticas públicas específicas que aborden el sinhogarismo pero también una ley que aborde de forma integral un fenómeno que ha permanecido en lista de espera durante demasiado tiempo y que se ha agravado con la emergencia social y económica derivada del covid-19. La pandemia no solo ha hecho más difícil la supervivencia de estas personas, ha provocado que otras que estaban al límite acaben en la calle y que se sumen nuevos perfiles, como los jóvenes. FACIAM alertaba hace poco que un 30% de las personas atendidas tiene ya una media de 21 años. 

Necesitamos un verdadero sistema de atención y protección ante un fenómeno que, tal y como recordaba hace unos días el periodista y activista Emmanuel Onapa en la revista 'Tribune', no es algo inevitable, es una opción política. Estamos a tiempo de convertir la lucha contra el sinhogarismo, la forma más extrema de pobreza y exclusión social, en una prioridad de primer orden. Estos presupuestos son el momento de comenzar a trabajar.

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