Lengua y producción

El reto del audiovisual catalán

Convertirse en proveedor de ese 6% garantizado por ley en lenguas distintas del castellano no basta para volver a tener un sector productivo ambicioso

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Rodaje de ’La vampira de Barcelona’, ganadora del último premio Gaudí a mejor película catalana

Rodaje de ’La vampira de Barcelona’, ganadora del último premio Gaudí a mejor película catalana / Brutal Media

La introducción de la exigencia, en la futura ley audiovisual, de una cuota del 6% en catalán, gallego o euskera en la oferta de las plataformas digitales disponibles en España ha sido una de las bazas arrancadas por los negociadores de Esquerra Republicana que han servido para justificar su apoyo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Y ha sido recibida como una noticia esperanzadora por el sector de la producción audiovisual en Catalunya, asfixiado en los últimos años por la fuga de actividad a Madrid y la desaparición de TV-3 como impulsor de proyectos. Aunque con precaución: a falta de la letra pequeña, es difícil tener claro cuál será el impacto de esta medida.

Y no lo es, para empezar, porque la provisión lingüística en la ley audiovisual parte de una ambigüedad de origen. Antes de fin de año, España ha de tramitar la normativa que debe aplicar la directiva audiovisual de la UE, que contiene la reserva de una cuota del 30% de producción europea para proteger la industria audiovisual de la Unión frente a la avasalladora oferta de EEUU (que hoy lo es menos, por otra parte, gracias a los cada vez menos anecdóticos éxitos de las series en lenguas distintas de la inglesa en las plataformas). A esta medida de proteccionismo de la industria cultural del continente, España añade una más que, poniendo como condición el uso de alguna de las lenguas españolas, lo que pretende es reservar la mitad de ese 30% a la industria nacional sin vulnerar las exigencias del mercado único. Así pues, un instrumento legislativo pensado para favorecer la producción local ha acabado convertido en un marco para equilibrar la nimia presencia de lenguas como el catalán en el mercado audiovisual y digital. Pero una cosa es que sea así en el espacio del debate político y público, y otra que lo sea en el de las consecuencias reales que ha de tener la ley audiovisual.

En el campo de la producción, la industria catalana tiene como primera preocupación la fuga de actividad, imparable en los últimos años, hacia un Madrid empeñado en convertirse en una capital audiovisual europea arropada primero por la presencia de las televisiones privadas y después por la capacidad de atraer centros de producción y decisión de las plataformas de streaming.

La cuota del 6% puede incluir nueva producción o alcanzarse por la vía de poner a disposición de los usuarios los catálogos históricos de las televisiones autonómicas, o creados con su colaboración; y puede bastar, o no, con que este porcentaje del menú digital esté rodado, doblado o subtitulado en catalán, euskera o gallego. De estos detalles depende que la aplicación de la ley, una vez aprobada, suponga básicamente un incremento de la oferta en lenguas como el catalán (y eso ya sería una buena noticia para su uso social, prestigio y capacidad de penetración en las nuevas generaciones). O que además implique una mejora de los ingresos de televisiones autonómicas y productoras a través de los royalties generados (y eso no sería menos positivo). O que suponga realmente un incremento de la carga de trabajo para un tejido industrial que un día fue puntero y hoy ya no lo es. Pero fiar solamente su futuro a la protección que supondría situarse como proveedor de ese 6% fijado por la ley no es suficiente. Puede resultar un balón de oxígeno, pero se debería ambicionar a otra cosa, a crear y realizar contenidos competitivos en todas las plataformas y en todas las lenguas.