Con la ‘reforma Escrivá’ no basta

La reforma del sistema de pensiones vuelve a estar de actualidad. Tampoco es ninguna novedad. Prácticamente desde mediados de los años 80, España ha vivido un sostenido proceso de reforma de su sistema de pensiones. Los objetivos de las reformas han sido diversos: ampliar y mejorar la cobertura de la protección social, modernizar y racionalizar la estructura financiera del sistema y garantizar su sostenibilidad ante los retos demográficos. Y es que la combinación de unas bajas tasas de fecundidad desde la segunda mitad de los años 70, el aumento de la esperanza de vida y el inicio de la jubilación de los ‘boomers’ tienen un impacto en el gasto público de una magnitud colosal.

Desde 1995, este proceso reformista ha pivotado en torno a un gran acuerdo de Estado como ha sido el Pacto de Toledo, idea original de Miquel Roca y la gente de la Minoría Catalana, y que con sus límites ha sido una historia suficientemente exitosa. Ahora que se está ultimando en las Cortes Generales una nueva reforma, es lícito que la ciudadanía se pregunte si esta reforma en marcha será la definitiva o, por el contrario, si las reformas tendrán que continuar. Y me temo que no; que la reforma del ministro Escrivá no resolverá con toda la intensidad necesaria los impactos demográficos que tenemos por delante.

La reforma que ahora se aprueba pone el acento en el incremento de los ingresos en el sistema de Seguridad Social. Por un lado, se avanza de manera suficientemente contundente en lo que se conoce como la separación de fondos de financiación de la Seguridad Social, que implica que un grueso de gastos que se financiaban con cotizaciones a la Seguridad Social, ahora pasarán a financiarse con impuestos. Es verdad que solo se cambia de “cajón” presupuestario un volumen importante de gasto que seguirá haciéndose, pero también es verdad que avanzamos en la lógica de que las cotizaciones sociales solo sirven para financiar pensiones contributivas y ganamos en transparencia.

Por otra parte, se incrementan las cotizaciones a la Seguridad Social, con la intención de revitalizar el Fondo de Reserva, que tuvo que gastarse durante el período de la anterior gran crisis, cuando se originó un gran déficit en el sistema. Ahora se trataría de regenerar el fondo y acumular recursos para afrontar los futuros déficits. Es verdad que el incremento de las cotizaciones es modesto, pero existe preocupación en el tejido empresarial por el incremento de costes laborales que supone esta medida, en un momento en el que la generación de empleo sigue siendo una necesidad. Finalmente, la reforma vuelve a incidir en el sistema de incentivos y penalizaciones para alargar la vida media efectiva de jubilación, que ahora ya supera los 64,5 años, con todas las incógnitas que existen sobre el impacto real de estas medidas.

Todo ello no da la impresión de que sea suficiente para afrontar un crecimiento del gasto que será singularmente elevado en los próximos 30 años. Y es que sí o sí, el incremento del gasto de las pensiones se producirá: más pensionistas, que viviremos más años, con mejores pensiones medias, que se actualizarán anualmente según la evolución de los precios. Es cierto que el incremento de empleo, singularmente de las mujeres, las previsibles mejoras de la productividad y los nuevos flujos migratorios tendrán también su efecto en la generación de mayores ingresos en el sistema, pero también es cierto que arrastramos carencias, en formación de capital humano y de inversiones en capital tecnológico, que son un obstáculo para garantizar un buen Estado del bienestar, que los ciclos económicos a la baja suponen también caídas en la recaudación fiscal, tanto de impuestos como de cotizaciones, y que las migraciones tienen impactos que deben gobernarse.

La ‘reforma Escrivá’ necesitará ser complementada con medidas que allanen el crecimiento del gasto. Si no queremos afectar de forma extremadamente negativa a los pensionistas, como hizo la reforma del PP con la desvinculación de la actualización de las pensiones a la evolución del IPC, que de haberse mantenido hubiera empobrecido al conjunto de los pensionistas, necesitamos otras medidas. Y aquí las respuestas son obvias: alargar la edad de jubilación, de forma gradual y flexible, en la dirección de la reforma de 2011, y continuar aumentando el período de cálculo de las pensiones, hasta llegar a tener en cuenta toda la vida laboral, haciendo más contributivo el sistema. Nunca son opciones fáciles, pero si están bien diseñadas, se implantan de forma justa y gradual, nos pueden dar margen por la vía de la contención del gasto para garantizar la promesa de pagar pensiones adecuadas a los ‘boomers’ sin comprometer el futuro económico de las generaciones más jóvenes.

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