Ocupación Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

La nueva ley de empleo

El anteproyecto de ley es ambicioso en las políticas activas de ocupación, pero debe contar con los recursos necesarios y con el aval de las CCAA

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La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros / R. Rubio / Europa Press

En las periódicas informaciones sobre los datos del paro, una de las imágenes más usadas para ilustrarlas son las colas de desempleados ante las oficinas públicas de empleo. Si preguntáramos a las personas que esperan su turno, seguramente buena parte de ellas dirían que están para trámites burocráticos como gestionar el permiso de desempleo. A pesar de su nombre, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, no es uno de los canales más eficaces para encontrar trabajo (el porcentaje que lo consigue ronda el 2%, según datos del INE). Esa es una –pero no la única– de las grandes debilidades del sistema laboral en España, la falta de políticas activas de ocupación realmente efectivas, aunque recurrentemente los diferentes gobiernos aseguren que apuestan por ellas. La nueva ley de empleo que prepara el Ministerio de Trabajo, que avanzó EL PERIÓDICO este jueves, es una de las más ambiciosas de los últimos años, puesto que pretende reconvertir el SEPE en una Agencia Española de Empleo, que tendrá más autonomía, más funciones y más recursos que su predecesor. Una de las novedades más destacadas que prepara el ministerio que dirige Yolanda Díaz es la creación de una plataforma digital con ofertas tanto públicas como privadas, de ámbito estatal, autonómico y local. La mayor participación de las agencias de colocación privadas en este modelo, que mantiene la gestión en manos del sector público, podría constituir un buen ejemplo de colaboración público-privada para agilizar procesos y obtener así mejores resultados. 

Para elaborar el anteproyecto de ley, Trabajo ha consultado a los agentes sociales y a las comunidades autónomas. Estas últimas tienen un papel muy relevante en este ámbito, puesto que son las que tienen las competencias de las políticas activas de empleo. Afectará a los gobiernos autonómicos, entre otros, la homogeneización que se pretende con una «cartera común de servicios» para todos los usuarios de esta agencia estatal. O la previsión de personal suficiente para cubrir la nueva figura del tutor, una persona de referencia que acompañe al desempleado en todo el recorrido de formación y búsqueda de trabajo, al estilo del modelo de los países nórdicos, cuya ratio por usuarios está por definir. Habrá que ver cómo concreta la futura ley esta unificación de servicios, al tratarse en última instancia de una competencia autonómica. Al texto, que aún debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, le quedará después un recorrido parlamentario, y no es descartable que partidos como ERC, PNV y EH Bildu introduzcan enmiendas.

La mejora de las políticas activas de empleo es una de las muchas reformas que España tiene pendientes con Bruselas para cumplir con su compromiso sobre los fondos europeos de recuperación. Sobre el papel, la futura ley apunta a grandes avances, sobre todo en ámbitos como la formación y el reciclaje de los desempleados a otros sectores. Sin una dotación económica suficiente, sin embargo, tendrá escaso recorrido. El colapso y los retrasos del SEPE para tramitar los ertes del covid el 2020 pueden servir de ejemplo de que no bastan ni las buenas palabras ni las buenas intenciones, si no se acompañan de recursos. 

Por último, orientar mejor la búsqueda de empleo no es más que la mitad de la ecuación: también hay que procurar que al otro lado se fomente la creación de puestos de trabajo por parte de las empresas. Crear un marco laboral que facilite la recuperación está también sobre la mesa del Gobierno y los agentes sociales.