Polémica lingüística Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

2
Se lee en minutos
Alumnos de sexto de primaria del Institut Escola Antaviana en el barrio de Roquetes.

Alumnos de sexto de primaria del Institut Escola Antaviana en el barrio de Roquetes. / FERRAN NADEU

El Tribunal Supremo no ha hecho pronunciamiento alguno estos días sobre la inmersión lingüística. Simplemente ha resuelto no admitir a trámite un recurso de la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que exige a las escuelas impartir al menos el 25% de las clases en castellano. Y ha desestimado el asunto por un defecto de forma. Por lo tanto, antes de llamar a arrebato por otro "ataque" del Supremo, los defensores del modelo lingüístico de la escuela catalana deberían ser críticos y exigentes con la propia institución. De igual forma, los que sienten animadversión por esa "inmersión lingüística" tampoco deberían echar las campanas al vuelo, porque a día de hoy no tienen más argumentos jurídicos a favor de sus tesis. La decisión del Tribunal Supremo sí que deja la inmersión en un caos jurídico casi indescifrable. La sentencia se dictó en tiempos de vigencia de la LOMCE, la llamada 'ley Wert', mientras que se tendrá que ejecutar cuando está vigente la 'ley Celaá', que no establece por ley orgánica el uso de las lenguas vehiculares como sí hacía la anterior. Habrá que esperar a las instrucciones que emita el TSJC en la ejecución de la sentencia para saber si provoca los efectos perniciosos o milagrosos que auguran unos y otros.

Pero más allá de este episodio, utilizado para alentar el victimismo o para buscar una zafia aplicación del artículo 155 de suspensión de la autonomía catalana, lo cierto es que la inmersión lingüística ha formado parte del consenso catalán de la misma manera que la ley de amnistía lo forma del del conjunto de España. La inmersión es una propuesta pedagógica surgida en los años 70 del siglo pasado desde la izquierda para garantizar la igualdad de oportunidades. Se basa en el principio, que se ha mostrado eficaz, de sumergir a los alumnos en el uso de dos lenguas para garantizar que al final de la educación obligatoria las dominan por igual. Ese principio aún hoy goza de un abrumador consenso social y político en Catalunya. Es verdad que, en su aplicación, a algunos gobiernos de la Generalitat les ha faltado sensibilidad para atender a ciertos colectivos, como el de las familias que residen temporalmente en Catalunya. Y es verdad, también, que algunos han vinculado la inmersión a la supervivencia del catalán o a la generación de una identidad que justificara aventuras como la de la independencia. Y, de igual manera, todo el mundo sabe que, reglamentos al margen, deben contarse con los dedos de la mano las escuelas que no utilicen el castellano en el 25% de las clases. Pero la justicia nunca ha cuestionado otra cosa que el encaje del modelo lingüístico escolar con las competencias de la Generalitat, la preservación de los derechos individuales y el respeto a las leyes orgánicas vigentes en cada momento. Más allá del oportunismo de algunos, todo el mundo sabe que la solución al tema catalán es que los ciudadanos vean respetadas las dos lenguas por igual, no solo desde la Generalitat sino desde todas las instituciones del Estado. Lo contrario es lo que no se puede permitir España.