La financiación autonómica

Ocho comunidades autónomas de la España despoblada se han reunido en Santiago de Compostela para aprobar un documento con los criterios que defienden sobre la financiación autonómica, cuyo modelo está caducado desde 2014 sin que ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el del Pedro Sánchez hayan abordado su reforma, aunque ahora empieza a abrirse el debate sobre la nueva fórmula. 

Las autonomías reunidas en Santiago lo han hecho por encima de adscripciones políticas, ya que cinco de ellas (Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Asturias) están gobernadas por los socialistas, dos por el PP (Galicia y Castilla y León) y Cantabria por una formación regionalista. Lo que une a estas comunidades es la demografía en crisis y la dispersión frente a autonomías más pobladas y con núcleos urbanos más importantes como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia, que forman un frente opuesto que reivindica la prioridad del criterio de la población para el modelo de financiación. Baleares está más cerca de esta posición, mientras que Madrid no se decanta y Catalunya exige que los acuerdos de financiación sean bilaterales, algo ya descartado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El planteamiento principal del foro de Santiago exige que se tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos para distribuir recursos entre los territorios y no solo el volumen de población. En este coste real quieren introducir criterios como el envejecimiento de la población y la dispersión poblacional. El primero incrementaría en su caso el gasto de la sanidad (por un mayor porcentaje de la población con dolencias crónicas) y el segundo, en educación (transporte escolar, por ejemplo). 

Es razonable plantear que la definición de los costes reales de garantizar solidariamente que las prestaciones que satisfacen los derechos básicos de todos los ciudadanos sean equivalentes sea el criterio central a la hora de definir una financiación autonómica. Como también lo es que los criterios esgrimidos en este encuentro no son los únicos que considerar. Otras comunidades tienen necesidades específicas que cubrir (desde el mantenimiento de infraestructuras necesarias para mantener su aportación a la creación de riqueza a la reconversión verde de grandes centros urbanos o la integración de colectivos recién llegados), asumen competencias que en otras autonomías corren a cuenta del Estado (como prisiones o seguridad ciudadana) y sus ciudadanos soportan un mayor coste de la vida. Junto al criterio de solidaridad, el de la ordinalidad para que una comunidad autónoma no pierda posiciones en el 'ranking' de la renta por el hecho de aportar fondos a la caja de solidaridad es clave también para no lastrar la competitividad de todo el país.

Aunque aseguran que no quieren hacer un frente contra el Gobierno o contra otras comunidades autónomas -sobran, pues, los comentarios de que no pueden financiarse embajadas o policías autonómicas-, es evidente la discrepancia existente entre los reunidos en Santiago y las autonomías infrafinanciadas del eje mediterráneo. Mientras los gobiernos autónomos defienden lógicamente las necesidades de sus territorios antes que la disciplina de partido, de los grandes partidos nacionales y de el Gobierno se deberían esperar propuestas viables e integradoras de intereses diversos. El Gobierno, que quiere basar el nuevo modelo en la llamada «población ajustada», no puede tardar en concretar mucho más cómo hacerlo realidad.