Una medida controvertida

Usos claros del pasaporte covid

Asegurar las garantías jurídicas del certificado bajo un marco legal común debería incentivar a los no vacunados y evitar disparidad de criterios por territorios

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Una mujer enseña su pasaporte covid.

Una mujer enseña su pasaporte covid.

Desde hace unas semanas, la evolución de la pandemia, que parecía controlada, ha vuelto a ser preocupante, con unas cifras similares a las del verano y con un aumento de todos los índices que se usan para valorar su alcance y las consecuencias de futuro. Sin el elevado nivel de vacunación en España (superior al 80% en la población mayor de 12 años), estaríamos hablando seguramente de una sexta ola que, por otra parte, ya es una realidad en el resto de Europa, con muchos menos vacunados que aquí. Es decir, no vivimos al borde las restricciones que hemos padecido antes, al menos por ahora, pero la señal de alerta se ha activado. En los Países Bajos, por ejemplo, ya se han producido confinamientos parciales y prohibiciones diversas, como la de reunión.

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La vacunación es la respuesta más efectiva contra la pandemia. Una respuesta que se vuelve más débil con la negativa de sectores de la población a inocularse. Ante este estado de cosas, se plantean en todo el continente medidas drásticas como las que ha impuesto Austria: un confinamiento de toda la población no vacunada. Si bien el pasaporte covid se ideó en un principio como medida de precaución especialmente pensada para los viajes, en los últimos meses se ha ido convirtiendo en una obligación para acceder a determinados locales, para trabajar o para ir en transporte público. En un último estadio, el certificado de vacunación ya se usa, en el extremo caso austriaco, observado con detenimiento por otros países europeos, como una herramienta de restricción drástica de la movilidad.

En España, por el momento, el pasaporte se requiere solo en los locales de ocio nocturno y en fiestas privadas con baile, una medida que los propios empresarios del sector reclamaron para asegurar la protección del negocio y su supervivencia. La posibilidad de que sea exigido como salvoconducto en otras actividades está sobre la mesa y ya se ha insinuado su utilización en diversas comunidades autónomas. Sin embargo, la negativa del Gobierno a establecer un marco legal común sobre el certificado covid deja en manos de los tribunales la aplicación de las decisiones de los ejecutivos autonómicos, lo que puede dar lugar, como ha ocurrido en otras ocasiones, a contradictorias decisiones judiciales. Sería deseable no tener que llegar a situaciones de difícil comprensión para la ciudadanía y establecer unas reglas claras para todos, que no den cabida a criterios arbitrarios.

Desde el primer momento, la polémica ha acompañado al certificado covid, por las dudas que plantea sobre la salvaguarda de los derechos fundamentales. En España, con una legislación muy garantista, el caso austriaco ni se plantea, pero sí que pueden darse otro tipo de restricciones a quien no disponga de este documento que, en cualquier caso, deberían funcionar más como un acicate para la población no vacunada que como una medida represiva. La vacunación no es obligatoria y no puede exigirse estar al día de las pautas para recortar libertades porque atentaría contra principios constitucionales. Aun así, ante el nuevo avance del virus y sabiendo que las vacunas han sido extremadamente positivas y han evitado otro colapso sanitario (cabe recordar que el 70% de los ingresados son personas no vacunadas y que la infección suele ser de carácter leve entre los vacunados), determinadas actuaciones pueden ser un aliciente para aumentar el nivel de protección. Esta debería ser la filosofía esencial en el requerimiento del pasaporte covid, siempre que se lleve a cabo con todas las garantías jurídicas, que eviten tentaciones de extralimitar su uso más allá de para frenar el virus.