Concierto económico, ¿quién miente?

Un reciente coloquio con la presencia de los consejeros de Economía desde 2003 hasta hoy (Antoni Castells, Andreu Mas-Colell, Oriol Junqueras y Jaume Giró, a excepción de Pere Aragonès), y dedicado a abordar la financiación de la Generalitat, derivó en una polémica sobre si Jordi Pujol y su responsable económico, Ramon Trias Fargas, rechazaron la oferta que en 1980 les hizo el ministro de Hacienda Jaime García Añoveros de disponer de un modelo de financiación como el vasco. La acusación fue lanzada hace unos años por quien entonces era consejero de Economía del Gobierno vasco, Pedro Luis Uriarte, en una obra (‘El Concierto Económico Vasco: una visión personal’, 2015) de acceso digital libre. En el coloquio, Pujol, que se encontraba entre el público, intervino para negar la mayor (que previamente había suscitado Castells), quitando importancia a lo explicado por Uriarte. La respuesta del exconsejero vasco en Twitter a las palabras del expresident fue contundente: “En contra de lo manifestado por el Sr. Pujol, en el verano de 1980 se le ofreció en mi presencia un Concierto a Cataluña, cuando negociábamos el nuestro, y lo rechazó, por una serie de razones que he explicado en libros que he publicado. Esa es la verdad”.

El ‘expresident’, que con 91 años conserva buena memoria y reflejos, utilizó como argumento de descargo el hecho de que en la elaboración del primer Estatut (1979) solo los representantes de los partidos nacionalistas propusieron un modelo de concierto cuando se abordó la futura financiación autonómica. Pues bien, aunque eso es verdad no podemos olvidar que la reinvindicación del concierto no figuraba en la hoja de ruta del catalanismo mayoritario durante la transición. Primero, porque nunca antes Catalunya lo había tenido. Segundo, porque en 1977 hablar de “derechos históricos” sonaba a “antigualla”, a una idea premoderna. El concierto vasco nació en 1878, como consecuencia del final de la Tercera Guerra Carlista (1876), y tenía como objetivo que sus habitantes contribuyeran al sostenimiento del Estado liberal, pues hasta entonces, fruto de sus fueros medievales (como territorio vinculado a Castilla), apenas participaban. Y, finalmente, porque la propuesta del concierto casaba mal con el catalanismo de las izquierdas (PSC y PSUC), que no perseguía un modelo confederal sino autonómico que culminara en un Estado federal.

Uriarte relata las tres razones que Trias le explicó para rechazar el ofrecimiento del Gobierno de Adolfo Suárez, que entonces se encontraba preparando la ley de financiación autonómica, incluyendo las disposiciones relativas al País Vasco y Navarra. Primero, cobrar impuestos haría impopular el autogobierno. Segundo, recaudar directamente era un riesgo en un momento de profunda crisis económica como se sufría entonces. Y, finalmente, los dirigentes nacionalistas creían que obtendrían mejor financiación negociando con el Estado, teniendo en cuenta que el Gobierno de la UCD dependía de los votos de CiU en el Congreso. Por tanto, Pujol no miente cuando afirma que en el debate estatutario su formación planteó el concierto, pero no explica toda la verdad. Cuando inesperadamente le tocó gobernar en 1980, CiU prefirió no arriesgar.

No sabemos si la oferta de García Añoveros iba realmente en serio, pero es evidente que de ser así la financiación autonómica en general hubiera tomado otros derroteros. Porque es innegable que el resultado del cupo vasco es un completo privilegio: tras el último acuerdo de 2018, Euskadi transfiere al Estado por los servicios comunes solo 1.300 millones anuales, y su aportación a la solidaridad territorial es practicamente inexistente. Nadie en el citado coloquio, organizado por el diario ‘Ara’, ofreció ninguna clave concreta para mejorar la financiación, cuya revisión sigue pendiente desde hace años, lo que decepcionó visiblemente a Pujol y a muchos otros asistentes. Pero lo que tampoco nadie dijo es que dicho problema será más dificil de solucionar mientras dos territorios ricos como son el País Vasco y Navarra sigan sin apenas contribuir a la solidaridad entre autonomías. Desde Catalunya, además de debatir sobre lo que ocurrió hace 40 años o llorar por no tener concierto, se debería exigir que los cupos forales no fueran nuevos privilegios que también pagamos los catalanes.

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