El reto de las mayorías cualificadas

La propuesta de Enrique Arnaldo como candidato a ocupar una de las 12 plazas del Tribunal Constitucional ha creado un importante debate político y mediático, también en el seno de la coalición gubernamental, y del propio PSOE. A ojos de muchos, el perfil ideológico y profesional del jurista no encaja con el que sería deseable para ocupar el máximo órgano de control de constitucionalidad de un Estado. A pesar de todo, este jueves se refrendan en el pleno del Congreso de Diputados las cuatro propuestas de nombres enunciadas hace unos días, fruto de un acuerdo entre PSOE y PP que permite renovar una parte del TC, asegurando el apoyo de las tres quintas partes de los escaños de la Cámara baja requeridos para tal finalidad. 

Muchas son las aristas que pueden comentarse de este episodio. Me voy a centrar una de ellas: la mayoría cualificada que se necesita para la elección. El razonamiento de los constituyentes a la hora de establecer este tipo de mayoría parlamentaria reforzada para seleccionar parte importante de los integrantes de las principales instituciones del Estado se encuentra en la deseabilidad de que sean figuras de reconocido prestigio y que gocen de amplios consensos. Es decir, forzar a los legisladores a ponerse de acuerdo para escoger a aquellas personas que pueden ejercer con excelencia, rigurosidad y compromiso ético las tareas que les son encomendadas. Sería conveniente no confundir esta deseabilidad consensual con una suerte de neutralidad ideológica. Nada más lejos que ello. De lo que se trataría es de reflejar responsablemente la pluralidad ideológica presente en el país (en la dimensión derecha-izquierda pero también en la diversa comprensión territorial del Estado). 

Las lógicas partidistas han pervertido el espíritu de las mayorías cualificadas. La negociación de parte importante de la composición de los órganos citados queda reducida a los dos grandes partidos estatales, las figuras elegidas son cada vez más cercanas a las direcciones de las formaciones, y no son pocos los casos en que se rebaja el listón de la calidad profesional. Ahora bien, no sería bueno caer en catastrofismos, existe otra cara de la moneda: esta tendencia no es inevitable ni irreversible. Ejemplos de buenas prácticas hay, afortunadamente, desde la recuperación democrática.

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