Crisis en la UE

La cuestión polaca

En ningún caso se ha abordado el asunto con parámetros que analicen la situación desde una perspectiva que intente dar respuesta a la deriva iliberal y autocrática que estaría tomando Polonia. Y si esto no se hace se podría comenzar a observar un efecto contagio en otros Estados miembros

Mateusz Morawiecki, primer miniistro polaco.

Mateusz Morawiecki, primer miniistro polaco. / JOHANNA GERON / AFP

Ruth Ferrero-Turrión

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Cuando se aborda la crisis constitucional europea que ha provocado la sentencia del Tribunal Constitucional polaco del 7 de octubre de manera casi inmediata se piensa en sanciones y condicionalidades. En raras ocasiones el planteamiento se realiza desde un análisis más político del reto planteado. Además, casi siempre el enfoque se realiza sobre la individualidad del caso, cuando es imprescindible abrir el foco y observar más allá del caso particular. A nadie se esc

apa que son varios los países que observan de manera minuciosa las reacciones de todos los actores involucrados. Es cierto que, desde un punto de vista técnico, es importante conocer las herramientas de las que dispone la Comisión Europea para dar una respuesta a este tipo de crisis. Pero no es menos cierto que en la mayor parte de las ocasiones es imprescindible tomar decisiones políticas que activen los mecanismos legales y jurídicos que permitan desbloquear la situación. Si no es muy complicado de entender cuál es la razón por la que, durante el último Consejo Europeo, no hubo una declaración política conjunta defendiendo la arquitectura constitucional de la UE que sonrojase a los gobiernos que la pudieran estar cuestionando. De hecho el tema del Estado de derecho se introdujo de tapadillo y con pereza. Existe mucho miedo entre los líderes políticos a abrir un debate sobre la soberanía, especialmente en aquellas geografías donde hay elecciones en fechas próximas con la extrema derecha azuzando al electorado, Francia, o donde se está mejor sin levantar la voz por miedo a un mayor control sobre lo que cada Estado hace en su casa, Malta o Bulgaria estarían en el punto de mira, por ejemplo. 

Tampoco ha habido una reacción legal en relación con este caso y ha pasado un mes desde la famosa sentencia y quince días desde la comparecencia de Moraviecki en el Parlamento Europeo. Ni siquiera el malestar generado en la cámara ha hecho que Von der Leyen ponga en marcha alguno de los mecanismos existentes para presionar a Polonia. Es importante recordar que la presidenta consiguió hacerse con el puesto tras conseguir el apoyo de Hungría, Polonia y otros países del Este, y también es relevante llamar la atención al papel jugado por Merkel, su mentora, en parar los golpes hacia estos dos países, lo que ha jugado a favor de la consolidación de las redes clientelares y la cleptocracia creadas en torno a Orbán y Moraviecki. 

Por el momento, de la Comisión solo han salido discursos pomposos y solemnes. No parece que haya una decisión tomada sobre la activación del mecanismo de condicionalidad o de congelar, no sabemos durante cuánto tiempo, la aprobación del plan de recuperación, algo que el Gobierno polaco necesita como el respirar. para poder afianzar aún más su colchón de apoyo social.

En ningún caso se ha abordado el caso con parámetros que analicen la situación desde una perspectiva que intente dar respuesta a la deriva iliberal y autocrática que estaría tomando Polonia, en lugar de intentar responder de manera exclusivamente jurídica a un planteamiento que adolece de ilegitimidad e ilegalidad desde su base. Y si esto no se hace se podría comenzar a observar un efecto contagio en otros Estados miembros. Por tanto, es necesario articular una respuesta firme sobre varias dimensiones política, jurídica y de comunicación. La política es imprescindible para poder reafirmar la base sobre la que se construye el proyecto europeo, la democracia y el Estado de derecho como elementos irrenunciables. La legal, para abordar de manera normativa y despejar dudas en relación con el desafío planteado, así como para imponer sanciones a través de los mecanismos creados para cumplir con la condicionalidad interna y mostrar que esta se puede aplicar y se va a aplicar. Por último, una política de comunicación que ponga la presión en el gobierno de Ley y Justicia, y que desmonte los marcos discursivos que alimentan el victimismo y reavivan las teorías de la conspiración de Bruselas.

De nuevo, la implicación política de todos los actores será esencial. No solo para intentar revertir la situación en Polonia, sino para evitar que, si no se actúa con contundencia, la infección no pueda ser controlada a tiempo

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