Un país de calidad necesita servicios dignos para los niños más vulnerables

Según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el riesgo de pobreza infantil en Catalunya (un indicador relativo que mide los hogares cuyos ingresos están por debajo del 60% del ingreso medio estatal) se situó en 2020 en el 33,4% (cuando este índice en la media de la población es del 21,7%). Durante la pandemia, este dato ha aumentado 2,3 puntos. Es decir, unos 385.000 menores de 16 años sufren esta realidad. Cada uno con su historia personal y con sus limitaciones.

Abordar esta cuestión debería ser una prioridad de los gobiernos y la sociedad. No podemos hipotecar el crecimiento de nuestros hijos. Por razones de justicia, pero también por el pleno desarrollo de un país que queremos de calidad humana y competitivo económicamente.

Uno de los mecanismos de que disponen los gobiernos para mejorar esta situación es impulsar el acompañamiento socioeducativo más allá de la escuela. El ocio educativo es uno de estos espacios en el que reiteradamente se constata la desigualdad de oportunidades educativas, y así lo han denunciado diversos agentes, como la Sindicatura de Greuges. Unas desigualdades que se intensifican especialmente en los periodos de vacaciones, en los cuales no todos pueden disfrutar de ‘casals’, colonias o campamentos.

Por otro lado, la ley de servicios sociales contempla un dispositivo, los centros abiertos o servicios de intervención socioeducativa, de competencia municipal, que permite abordar después de la escuela el acompañamiento a menores de familias derivados mayoritariamente de servicios sociales (atención primaria). Es un recurso preventivo que intenta paliar déficits en competencias sociales para que la situación no se acentúe y mejore. En estos espacios se hacen actividades como, por ejemplo, el refuerzo educativo, talleres y actividades de ocio, y trabajo con las familias, con un seguimiento individualizado. Se convierten en muchos casos en espacios de confianza y de seguridad para las niñas y los niños y para sus familias.

Ahora bien, estos programas son enormemente precarios. En primer lugar por la situación administrativa de una parte de los centros de iniciativa social, que todavía dependen de subvenciones anuales, que se convocan tarde y se resuelven con suerte en verano, cuando se trata de un servicio garantizado. En segundo lugar, por las tarifas que se pagan por menor/año. Hay estudios del sector y de la propia administración que sitúan este precio en 3.500 euros/plaza por año, pero en general los ayuntamientos con la aportación de la Generalitat apenas llegan a los 2.000 euros por año.

Y por otro lado, por la situación laboral inestable de los trabajadores. Los educadores tienen jornadas parciales, alrededor de las 25 horas semanales, con un convenio con unas condiciones demasiado ajustadas que no permite que puedan vivir con calidad. Son profesionales con grados universitarios o ciclos formativos de grado superior y esta precariedad les comporta dobles trabajos o una rotación alta en busca de otros empleos más estables. Los cambios entorpecen la acción educativa en niños que necesitan referentes positivos y generar vínculos perdurables.

Un país de calidad y justo necesita urgentemente atender a las personas más vulnerables de todos los colectivos, con servicios, programas y condiciones dignas para aquellos profesionales que están en primera línea. Y no solo en el campo sanitario o educativo, también en los servicios sociales, y evidentemente para el conjunto de los trabajadores.

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